La desigualdad de género es uno de los grandes problemas nacionales, toda vez que históricamente ha impedido a las mujeres acceder a las mismas condiciones y oportunidades que los varones para ejercer sus derechos; de ahí que un proyecto que busque cambiar el rumbo de la nación debe articular de manera central la lucha contra la desigualdad, como parte de un nuevo arreglo social, afirmaron académicas y activistas por los derechos de las mujeres y la diversidad sexual.

Durante el foro Los grandes problemas nacionales, organizado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Gabriela Rodríguez, Martha Lucía Mícher, José Antonio Medina y Martha Sánchez Néstor se pronunciaron por el diseño de políticas públicas y culturales que permitan conciliar la vida laboral y familiar y una efectiva armonización legislativa en todo el país, pues la esfera de protección a grupos vulnerables, como son mujeres y miembros de la comunidad lésbico gay, varía en función del territorio en que se encuentren, así como mecanismos de coparticipación entre gobierno y sociedad civil.

La antropóloga Gabriela Rodríguez trazó una serie de directrices centrales para la elaboración de las políticas públicas dirigidas a familias, como el reconocimiento de la diversidad de modelos familiares, la promoción del papel de la mujer como proveedora y cambios legislativos que generen corresponsabilidad en el trabajo doméstico para hombres y mujeres, entre otros.

Por su parte, Martha Lucía Mícher, candidata a diputada federal y ex titular del Instituto de las Mujeres en el DF, afirmó que para el actual gobierno federal el sector femenino no es prioridad, y muestra de ello es su pobre respuesta ante el incremento exponencial de la violencia y los feminicidios, la desigualdad salarial, la falta de acceso a la justicia, la precariedad del empleo y la discriminación hacia las indígenas, entre otros problemas.

Subrayó que en México, a excepción del DF, lo que avanza es la brecha de desigualdad entre ambos sexos, lo que puede explicarse por la ceguera de género de quienes toman decisiones y diseñan políticas públicas, aunado a las interpretaciones arbitrarias que permiten a las entidades federativas legislar atendiendo más a su ideología política que a los derechos humanos de las mujeres, colocándolas en un limbo de incertidumbre que impide su acceso a la justicia.

Marta Sánchez Néstor, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, aseguró: las indígenas hacemos un gran esfuerzo por reconstruirnos como ciudadanas, por lo que desafiamos al Estado mexicano a construir políticas públicas con perspectiva de género e interculturalidad, que volteen a mirar a estas mujeres.

La investigadora Marta Lamas dictó una conferencia magistral, donde expuso que la desigualdad de género no sólo afecta a las mujeres, sino también a los varones, toda vez que tienen que pagar un alto costo por ejercer la masculinidad en los términos acotados por la división sexual del trabajo, que los concibe sólo como proveedores.

Las participantes refrendaron las demandas del Pacto de Igualdad suscrito en marzo pasado por los candidatos de la izquierda a la Presidencia y el Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Mancera, respectivamente.