Cartagena, 3 de mayo. Una treintena de ministros de Defensa y otras carteras de países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) iniciaron este jueves una reunión en Cartagena (norte de Colombia) para encontrar respuestas regionales contra el narcotráfico y otras redes de delincuentes.

El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, inauguró los dos días de encuentros privados alertando a sus homólogos de los riesgos que este tipo de delincuencia organizada implica para los gobiernos democráticos.

Las actividades de la delincuencia organizada trasnacional emanan como la más grave amenaza contra la seguridad y la estabilidad de los gobiernos democráticos, el orden y el desarrollo social, afirmó Pinzón al instalar el encuentro de ministros de Defensa, Justicia, Interior y Exteriores de los 12 países de la Unasur.

Expuso cómo los cárteles de la droga y otros grupos han pasado de operar con sistemas nacionales a funcionar en redes complejas trasnacionales que aprovechan las características de la región.

Este cambio representa un problema regional de suma relevancia ya que al trascender las fronteras nacionales, los esfuerzos individuales de cada país no son suficientes (...) Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley, subrayó el ministro colombiano.

Ante el desafío, mayor integración

En la apertura, el canciller de Paraguay y presidente pro tempore de la Unasur, Jorge Lara; la canciller colombiana María Ángela Holguín y la secretaria de la Unasur, María Emma Mejía, coincidieron en que la respuesta al desafío de la delincuencia debe ser una mayor integración en materia de seguridad.

El momento es propicio para abordar este tema mancomunadamente, ya que Sudamérica se ha consolidado como una zona de paz y un poder emergente en un contexto caracterizado por el multilateralismo, emplazó Mejía.

La también ex canciller de Colombia recordó que, en aras de la transparencia, los países de la Unasur harán pública el 10 de mayo en Quito una primera evaluación del registro de sus gastos militares.

El ministro de Defensa de Colombia, el principal país productor de cocaína, advirtió sobre los desafíos del narcotráfico, cuyos estragos se sienten con más fuerza en Centroamérica y México. Pero también pidió atención para otros delitos, como el tráfico de armas, de migrantes o la minería ilegal.

Producto de la delincuencia, el lavado de activos en Sudamérica representa entre 2 y 5 por ciento del producto interno bruto mundial, afirmó Pinzón, basándose en cálculos de la policía colombiana.

María Emma Mejía destacó el impacto diario que la delincuencia tiene en la juventud sudamericana y se retrotrajo a los años de altísima violencia que sufrió la ciudad colombiana de Medellín, a inicios de los 90, durante la lucha contra el narcotraficante Pablo Escobar.

Tenemos que romper el círculo de violencia (...) En Medellín perdimos una generación y creo que los sudamericanos no queremos perder otras, advirtió Mejía, quien cederá en junio la secretaría de la Unasur al ex canciller venezolano Alí Rodríguez.

Hace casi un mes, un informe de la Organización de Estados Americanos alertó que el consumo de cocaína se ha extendido por América Latina y que en algunos países del sur del continente llega a alcanzar niveles europeos.

Este jueves y viernes los ministros discutirán a puertas cerradas cómo integrar una instancia de cooperación contra la criminalidad trasnacional dentro de la Unasur.

El debate llega dos semanas después, y en el mismo escenario, del que sostuvieron 31 mandatarios del hemisferio en el contexto de la sexta Cumbre de las Américas de Cartagena, incluido el estadunidense Barack Obama.

En esa cita, los jefes de Estado y de gobierno acordaron emprender una evaluación de las últimas décadas de lucha frontal contra las drogas y explorar nuevos enfoques para afrontar la problemática.

La aprobación de la declaración ministerial está prevista para este viernes por la mañana, y posteriormente habrá una rueda de prensa.

En Cartagena se encuentran ministros o viceministros de los 12 países de la Unasur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

En este contexto, el gobierno ecuatoriano reiteró su intención de instaurar un organismo de derechos humanos dentro de la Unasur, sin precisar si ello implicaría retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como planteó Venezuela.

Ecuador ha planteado la necesidad de que en los temas (de) derechos humanos seamos capaces de desarrollar instancias específicas en la Unasur que estén en condiciones de responder a nuestras condiciones específicas como países, dijo el ministro de Defensa ecuatoriano, Miguel Carvajal.

Según el funcionario, la propuesta se basa en la multiplicidad de ocasiones en las que los organismos internacionales de derechos humanos han abusado de la confrontación política interna.

Más tarde, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, planteó a sus colegas crear instancias alternativas a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones a las que calificó de decadentes. Expuso: lamentablemente ese organismo internacional se convirtió en una mafia de intereses que funciona desde Washington y está en función de la política internacional y no de los derechos humanos.