Guanajuato, Gto., 2 de mayo. Una visitaduría creada en 2006 por el Consejo del Poder Judicial (PJ) de Guanajuato, y que desde entonces se encarga de iniciar procedimientos disciplinarios y aplicar sancionar a jueces, fue declarada inconstitucional por el Poder Judicial Federal.

El fallo lo emitió el primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 16 circuito, derivado del amparo 693/2011 interpuesto por la juez civil Violeta Yelí Meneses Molina, a la que constantemente le iniciaban procedimientos por no acceder a los intereses de los consejeros judiciales, de filiación panista, según denunció en su momento.

Lo cierto es que la existencia de la visitaduría judicial no se establece de manera expresa ni en la Constitución local ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial y los procedimientos disciplinarios que tengan como origen las actuaciones practicadas por la mencionada visitaduría, como ocurre en el caso, carecen de validez, determinó el tribunal en su resolución del 12 de abril pasado.

El artículo 83 de la Constitución local –argumentó la juez en el amparo administrativo 693/2011– establece que el Poder Judicial contará con un consejo que se encargará de implementar la carrera judicial, la capacitación, disciplina y evaluación de los servidores públicos.

Es decir, que habiendo un consejo que debía ejecutar esos procedimientos disciplinarios y aplicar sanciones, el Consejo del Poder Judicial creó la visitaduría, a la cual delegó esas funciones sin tener facultades para ello.

Al resolver el litigio, el tribunal le otorgó la protección contra cualquier acción de la visitaduría, creada el 30 de junio de 2006, según el acuerdo general del Consejo del Poder Judicial publicado en el periódico oficial del estado, pues no tiene sustento legal y es inconstitucional, sentenció.

Reclaman daño patrimonial

Con la creación de la visitaduría, los integrantes del Consejo del Poder Judicial generaron un daño patrimonial superior a 30 millones de pesos por el pago de honorarios (57 mil 843 pesos), viáticos, vehículos, personal y papelería de los empleados, acusó Roberto Saucedo Pimentel, abogado que tramitó el amparo de la juez Meneses Molina.

Ésta acusó al Consejo del Poder Judicial de crear la visitaduría para castigar a los jueces que no responden a los intereses del Partido Acción Nacional (PAN) y para dar trabajo a panistas.

La juez civil aseguró que la visitadora Maricela Torres Serrano fue regidora panista en Salamanca y el año pasado su esposo, también del PAN, Carlos Zarate, fue nombrado magistrado. El visitador Fidel Teniente y la coordinadora del organismo, Lilia Villa Fuerte, también son militantes de ese partido.