Madrid, 1º de mayo. Los sindicatos españoles movilizaron en el Día del Trabajo a centenares de miles de personas, que expresaron su rechazo y malestar ante la deriva de la política económica del gobierno del conservador Mariano Rajoy, quien, a su juicio, intenta desmantelar los servicios públicos y el estado de bienestar. El derechista Partido Popular (PP) tildó las movilizaciones de gamberradas (vulgaridades) y de ser meras algaradas callejeras.

Trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, estudiantes, servidores públicos, padres de familia, adolescentes y niños, así como ciudadanos hartos de la situación del país, se unieron a la tradicional manifestación del 1º de mayo para rechazar la política de ajuste del actual gobierno.

Desde su llegada al poder, el presidente Rajoy ha hecho justo lo contrario de lo que prometió en campaña, de ahí que el malestar ciudadano sea aún mayor: prometió que no subiría los impuestos ni tocaría los servicios públicos básicos, y una de sus primeras medidas fue una subida generalizada de presión fiscal, a todas las rentas físicas, y un durísimo recorte –el más grande en la historia reciente– en educación y salud.

Además aprobó por la vía del decreto una polémica reforma laboral que asumió todas las peticiones de las agrupaciones patronales y restó importancia a las fuerzas sindicales a la hora de la negociación de los contratos colectivos, una de las principales herramientas de protección al trabajador.

Las dos marchas más multitudinarias fueron las de Madrid y Barcelona, cada una con más de 100 mil personas y en las que se gritaron consignas contra el PP y el gobierno, así como contra las líneas económicas impuestas desde la Unión Europea para combatir la crisis, como la reducción del déficit público y el recorte del gasto.

Una de las principales advertencias fue la de que las movilizaciones por la defensa de los derechos laborales continuarán: El 29 no es el final (en alusión a la huelga general del pasado 29 de marzo), no es el final el 1º de mayo; saldremos a las calles para que les moleste, para que esto cambie, aseguró durante el mitin principal el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo.

Los trabajadores y ciudadanos indignados también expresaron su preocupación ante la propuesta autoritaria del gobierno, que intenta imponer la ley del silencio mediante una polémica reforma del Código Penal con la que pretende criminalizar la protesta social, la resistencia pacífica y las convocatorias de actos de sabotaje, a los que pretende aplicar la ley antiterrorista. Además de criticar su estrategia de controlar Radio y Televisión Española (RTVE), que también cambió la normativa de la elección del presidente de la corporación mediante un decreto.

El histórico dirigente sindical de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, hizo alusión a los casi seis millones de desempleados (cinco millones 680 mil), lo que demuestra –según él– el fracaso de una reforma laboral que lo único que pretende es favorecer el despido y atacar al trabajador. Se descalifica a las organizaciones sindicales, pero el objetivo es el deterioro de los derechos laborales. Rajoy quiere imponer el mandato de la señora Thatcher y demoler los servicios públicos.

La respuesta de la derecha española llegó a través de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la ultraconservadora Esperanza Aguirre, quien tildó de gamberradas y de algaradas callejeras las movilizaciones de las fuerzas sindicales, al tiempo que pidió más recortes y más ajustes al gobierno de su partido. Precisamente una de las razones por las que muchos ciudadanos madrileños salieron a las calles fueron las políticas adoptadas por Aguirre, quien aprobó, entre otros cosas, el incremento del transporte público, conocido como el tarifazo y que afecta a millones de personas.