educido a la condición de mero espectador televisivo, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral esperaba ayer la aparición de un muy buen gesto de la Federación Mexicana de Futbol que permitiera a los mexicanos informarse de la calidad polemista de sus candidatos presidenciales sin la distracción intencional que significa tener en pantalla a la misma hora un partido de cuartos de final de la mediocre liga local de balompié.

Leonardo Valdés Zurita está predestinado a ser un actor secundario en el montaje electoral en curso, apenas habilitado como conductor procesal, sin fuerza de origen ni autoridad lograda, necesario en el tramo final para pronunciar palabras consagratorias de un triunfador tramposamente construido. Por ello es que no puede realizar gestiones políticas ni asumir posturas históricas, como el momento las reclama, para someter con toda anticipación a los poderes televisivos insurrectos que están realizando un virtual desafuero electrónico a la pálida y deshilachada figura decorativa llamada democracia.

Agachar la cabeza, soltar declaraciones de conmiseración hacia sí mismo y esgrimir textos legales en favor de los concesionarios provocadores (que no tienen obligación jurídica de transmitir los debates), sin exigir cumplimiento a la vez de las amplias facultades que asisten al ocupante del Poder Ejecutivo para obligar a las empresas retadoras a asumir la superioridad del interés público (el derecho a un voto informado) sobre el privado (la programación de un partido de futbol), es una forma rápida y segura de autodegradación del mencionado IFE. Recuérdese que el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que todas las estaciones del país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir información de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación, pero ni el consejero presidente ni el cuerpo de los consejeros son capaces de levantarse con fuerza y pelear políticamente hasta poner un alto a los manipuladores del factor decisivo de estas elecciones en puerta, la imagen en pantalla, sus percepciones inducidas y sus vetos a discreción.

En cambio, de mucho sentido del humor disfruta el villano de esta coyuntura, Ricardo Salinas Pliego, el beneficiario de una concesión televisiva conseguida mediante maniobras oscuras y a la vez suficientemente esclarecedoras (Raúl Salinas de Gortari, por ejemplo, denunció judicialmente en julio de 2003 a Salinas Pliego en busca de que le devolviera 29.8 millones de dólares que dijo haberle prestado en 1993 para que comprara al gobierno de Carlos Salinas de Gortari la empresa pública Imevisión que así dio pie a la creación de Televisión Azteca). En sentido inverso al deplorablemente utilizado por Vicente Fox, al renunciar a sus funciones presidenciales frente al ataque armado que permitió la apropiación de las instalaciones televisivas del Cerro del Chiquihuite, entonces pertenecientes al canal 40 de televisión, Salinas Pliego no se pregunta por qué se le critica a él, sino que se vanagloria de sus hazañas de rating e incluso se deja ir contra quienes en Twitter lo han tundido al calificarlos de... autoritarios.

En Morelia, el gobernador nostálgico del diazordacismo agrega una pizca de provocación al tema de las casas de estudiantes al asumir que tras algunas de sus acciones pudiera estar la mano de un grupo guerrillero. La voz de la autoridad ha de ganarse el respeto de los gobernados a partir de la mesura, sustancia y cuidado con que sepa pronunciarse sobre asuntos públicos y crear condiciones y consensos para intentar soluciones positivas. Pero Fausto Vallejo parece empecinado en comportarse como especialista en rumores que den falsa justificación a acciones represivas y parece decidido a suprimir los métodos de la política por los policiacos para enfrentar los problemas de su comunidad. Tampoco ayuda a la reconstitución de un tejido dañado la forma ruda en que ha exhortado a un rector debilitado a asumir faenas de combate frente a las tropas juveniles insubordinadas. Infausto, el panorama en Michoacán.

En Veracruz continúan las protestas por el asesinato no esclarecido de la periodista Regina Martínez. En el propio desfile del Día del Trabajo, aunque el gobernador Javier Duarte ya se había retirado del templete principal, organizaciones sindicales y sociales exigieron justicia y enarbolaron una proclama que define la postura de muchos ciudadanos frente a comisiones y declaraciones oficiales: No les creemos. La muerte violenta de Regina ha puesto de manifiesto el cuadro de manipulación de buena parte de la prensa local, y sus resonancias hacia la escena nacional, y las amenazas y agresiones contra los periodistas que se han salido de la línea oficial.

En Bolivia, Evo Morales nacionalizó una empresa de electricidad administrada por un grupo español y con ello colocó a nivel continental el asunto de los negocios hispanos y el sometimiento de elites latinoamericanas a esos intereses. El tema tiene relevancia para México porque aquí se vive una reconquista española, con beneficios exagerados para algunas de sus afiliadas, como Bancomer-BBVA, y con desarrollos inmobiliarios turísticos que resultan abiertamente ventajosos para los inversionistas extranjeros. A diferencia de lo que se está viviendo en otras partes de Latinoamérica, en México el calderonismo ha preferido asociaciones bajo sospecha de tráfico de influencias y conflicto de intereses, en un explícito esfuerzo por ganar buenas voluntades y tener una próspera plataforma de aterrizaje si es que otros de los grandes socios del felipismo no aprueban desde Washington que Calderón se encargue de una especie de agencia americana de coordinación de lucha contra el narcotráfico; en caso de que no logre ese cargo, Calderón estaría volteando los fugitivos ojos hacia la España por ello tan consentida y beneficiada.

Y, mientras siguen los temblores (no se habla de los políticos), ¡hasta mañana!

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