La Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), con la finalidad de permitir a los trabajadores asegurados, unidos con personas del mismo sexo, garantizar la contraprestación de servicios médicos a sus parejas, siempre y cuando cumplan con el pago puntual de sus cuotas.

La modificación permite a los matrimonios entre personas del mismo género, ya sea como unión civil, sociedad de convivencia o cualquier otra forma establecida en la ley, ser objeto del mismo trato y derechos consagrados a parejas heterosexuales.

El dictamen, aprobado por 252 votos en favor, 80 en contra de diputados del PAN y 15 abstenciones de panistas y priístas, advierte el riesgo de sostener la legislación vigente, pues se abriría un boquete en el principio constitucional de no discriminación, y no existe razón para dejar sin seguridad social las uniones que difieren de la generalidad de formas de familia que hay en nuestro país.

El viernes pasado el contenido de la reforma de ambas leyes fue objetado por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). Presentó una moción suspensiva para evitar la aprobación de las modificaciones, y al observar que la tendencia no le favorecía –el PRI mayoritariamente se pronunció en favor de aprobarlas– optó por la estrategia de abandonar el salón de plenos para evitar que se alcanzara el quórum requerido de 251 legisladores presentes. Sólo pasaron lista 248 (de un total de 500).

Ayer, la votación de ambas reformas se enlistó al inicio de la sesión tras una año y medio de tortuoso trámite parlamentario. Inicialmente fue aprobado por los diputados el 9 de noviembre de 2010. El Senado lo regresó como minuta con cambios. De tal forma el pleno camaral y la Comisión de Seguridad Social en San Lázaro coincidieron en ratificar el contenido original de la iniciativa, desechando las modificaciones promovidas por los senadores.

La reforma a la Ley del Seguro Social, en su artículo 65, establece un lapso de cinco años de convivencia –como ocurre con el matrimonio– para adquirir el derecho a pensión. Y se adiciona un agregado en el artículo 127 para establecer el derecho a recibir ayuda asistencial, cuando sea requerida, de acuerdo con dictamen médico, al viudo, concubinario o pareja, del asegurado o de la asegurada.

El viernes pasado Enoé Uranga (PRD) fundamentó la reforma como acto que responderá al principio de igualdad consagrado en la Constitución, en el plano internacional de los derechos humanos.

“Busca revertir una injusticia cometida contra una parte de la población a la que se le niega protección y beneficios derivados de su derecho laboral… el derecho a la seguridad social, en tanto derecho humano, es universal, y la discriminación basada en un estigma es constitucional, jurídica, científica y éticamente insostenible.”

La posición contraria fue expuesta por la panista Ana Elia Paredes. Pese a la aceptación de su partido en comisiones, para dar el aval al dictamen, pretendió señalar que el mismo no cumplió con los requisitos fundamentales de procedimiento legislativo y, por tanto, se constituía como acto denigrante.

No existe argumento válido que justifique la violación del procedimiento legislativo. Votaremos en contra porque nos negamos a validar un dictamen bajo el cual subyacen actos y hechos de violación al reglamento de la Cámara de Diputados.

Al considerar perdido el debate y la exposición de motivos, el PAN, también a través de la diputada Paredes, presentó una moción suspensiva porque se habrían configurado irregularidades y por un fuerte impacto presupuestal. Finalmente, el partido en el gobierno perdió la votación y la reforma se aprobó con los votos del PRI (con excepción de Janet González Tostado, quien se opuso), PRD, PVEM y Partido del Trabajo.