La mayoría de los presuntos delincuentes arraigados durante 2011 pidieron amparo porque la Procuraduría General de la República (PGR) les impidió tener copia de sus expedientes y conocer la identidad de los testigos protegidos que declararon en su contra, pero muy pocos se quejaron ese año de actos de tortura o de condiciones degradantes e inhumanas contra sus personas.

Según consta en el informe anual del Poder Judicial Federal (PJF), en el apartado correspondiente a amparos, del periodo 2011-2012, 75 por ciento de las demandas que se tramitaron en ese lapso correspondieron a quejas de inculpados a los que se les impidió obtener copias de sus averiguaciones previas, 20 por ciento demandó el hecho de que los abogados de oficio que los defendieron no les cumplieron una adecuada defensa, y 5 por ciento aseguró haber sido víctima de actos de tortura o inhumanos durante su arraigo.

En su mayoría, las demandas de amparo tramitadas durante el periodo de arraigo, que no debe exceder los 80 días naturales previstos en la Constitución, quedaron pendientes de resolución en los juzgados de esa materia, ya que el trámite regular de ese tipo de juicios sobrepasa los cinco meses. Por lo regular, cuando un juez de amparo está a punto de dictar sentencia favorable a un inculpado que pidió la garantía contra alguna de las circunstancias anteriores, lo más común es que ya haya concluido su periodo de arraigo, y para ese momento el acusado se encuentre recluido en una prisión federal.

Las estadísticas del PJF correspondientes a 2011 refieren que de 3 mil 250 demandas de amparo que se tramitaron en ese año contra alguna medida cautelar, apenas 7 por ciento concluyeron con una sentencia de primera instancia antes de que venciera el periodo del arraigo, que inicialmente es de 40 días, y se puede extender por otros 40 días.

El pasado 27 de abril, al participar en un foro sobre políticas de regulación del consumo de drogas, Miguel Ontiveros, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, se refirió al contenido de las demandas de amparo que han tramitado personas investigadas por narcotráfico, tráfico de personas, lavado de dinero, secuestro o algún otro delito relacionado con la delincuencia organizada.

“Hay un montón de gente detenida en los centros de arraigo: ¿saben ustedes cuál es la demanda más importante de las personas sujetas a arraigo en este país? No es tortura ni tratos degradantes por parte de la autoridad –lo tengo en estadísticas y las hago públicas cuando quieran–: es la falta de un abogado”, expuso Ontiveros.

“Si no fortalecemos el debido proceso en nuestro país y tenemos en puerta un sistema acusatorio que requiere una defensa fuerte frente al Estado, frente a la Procuraduría y frente al Poder Judicial, pues ningún esquema prohibicionista o punitivo va a funcionar, porque la gente lo que dice es que ‘me declararon en Chihuahua, me trajeron al Distrito Federal, estuve en el Centro de Investigaciones Federales y no he vuelto a ver a ningún abogado’”, destacó el funcionario.

El informe del PJF se realiza cada año, a partir de un compendio de información estadística que proporciona cada juzgado y tribunal al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sobre el número de juicios que se inician en los órganos jurisdiccionales, así como el sentido de las resoluciones judiciales ordinarias e interlocutorias.