El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la minuta del Senado que expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en una sesión donde se guardó un minuto de silencio para honrar la memoria de la reportera Regina Martínez –corresponsal de Proceso y ex corresponsal de La Jornada en Jalapa, Veracruz–, asesinada el sábado en su domicilio.

Los legisladores lamentaron el crimen y exigieron su esclarecimiento inmediato. Durante la discusión del dictamen –que sólo tuvo oradores a favor–, diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano lamentaron que los defensores de derechos humanos y los periodistas vivan el peor momento de su actividad y vida profesional, en un ambiente que sólo es comparable al de países en guerra.

En tiempos canallas, para poder levantar la voz, informar y señalar, los periodistas tienen que jugarse la vida, expresó a nombre del PRD la diputada Enoé Uranga Muñoz.

Sostuvo que una ley así –la cual fue enviada al Ejecutivo para que se publique y pueda entrar en vigor– se explica sólo en el caos y porque existe un gobierno que ha fallado en la protección de los derechos humanos.

Al presentar el dictamen, la priísta Diva Gastélum resaltó que la ley tiene una justificación muy clara: cada vez es mayor el riesgo de proteger y defender los derechos humanos, así como ejercer la libertad de expresión.

Demandó respaldar el dictamen con el fin de que los diputados no sigamos solapando los crímenes y que los asesinos sigan en la impunidad.

Jaime Cárdenas, del PT, cuestionó: ¿Por qué tenemos necesidad de una ley de esta naturaleza? Porque, respondió, no hay un estado de derecho consolidado ni una democracia auténtica.

Consideró que si bien algunos homicidios o agresiones provienen del crimen organizado, muchos son del poder público, instrumentados, orientados o dirigidos por gobernadores, alcaldes y autoridades federales.

La ley ordena crear un mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, con el fin de salvaguardarlos ante amenazas, intimidaciones y hostigamiento por el ejercicio de su actividad.

Las medidas urgentes de prevención deben aplicarse en un plazo no mayor a tres horas, y entre otras disposiciones se prevé la protección policiaca, el uso de escoltas, autos blindados y chalecos antibalas. También, evacuación e incluso reubicación temporal para activistas, reporteros y los familiares. La protección y todos los mecanismos estarán a cargo de la Secretaría de Gobernación y de una junta de gobierno.

Se consideran acciones de protección como la entrega de equipo de telefonía celular, radio o satelital; cámaras, cerraduras, luces en las instalaciones de un grupo o casa de una persona, así como detectores de metales, entre otros.

La diputada Guadalupe Almanza, de Movimiento Ciudadano, expuso que la necesidad de aprobar la ley se debe a que los activistas y los informadores están muy vulnerables; y lamentamos que los errores de la guerra contra el narcotráfico hayan generado una situación que ha afectado a muchos inocentes, entre ellos activistas y periodistas.