En 2009, tras la orden presidencial de confinar a todos los reos federales en prisiones de ese fuero, y sin posibilidades de construirlas con recursos públicos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que dirige Genaro García Luna, convocó a grupos de la iniciativa privada. Les ofreció un pastel de 32 mil millones de pesos, divididos entre ocho. El número de prisiones necesarias para sacar de penales estatales a quienes cometieron delitos ligados al narcotráfico, lavado de dinero y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, revelaron mandos de la institución.

La secretaría ya había gastado el presupuesto de 7 mil millones de pesos que se aplicaría en todo el sexenio en el sistema penitenciario federal. El argumento con el que convenció a los empresarios para que construyeran las cárceles fue decirles que mientras más rápido terminaran, más pronto cobrarían.

De 10 grupos convocados, quedaron seis: Homex, empresa dedicada primordialmente a la construcción de casas habitación; Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que dirige Alonso Quintana y una de las más antiguas de México; Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), de Olegario Vázquez Raña; los consorcios ARB Arendal, de José de Jesús García Vázquez, y GIA, que preside Hipólito Gerard Rivero, y Tradeco, empresa dedicada a la construcción de carreteras y la realización de obras para Petróleos Mexicanos.

Se les preguntó si podían invertir 4 mil millones de pesos cada una. Eso costará cada prisión. Se les dijo que no podían pedir préstamos a Banobras. Que tendrían que aportar los recursos y se les daría un plazo de 15 años para recuperar su inversión, y cinco más para obtener dividendos: 2 mil millones de pesos más por construir cada cárcel con capacidad para 2 mil 500 internos, indicaron los funcionarios entrevistados.

Los contratos se otorgaron de manera directa a quienes se comprometieron a construir las prisiones en esas condiciones. A cambio se les pagarían anualmente 300 millones de pesos por concepto de arrendamiento durante 20 años.

“Al principio, la idea del secretario García Luna era que la iniciativa privada se hiciera cargo del ciento por ciento de las operaciones de las cárceles que construyera, como en Estados Unidos, Francia o Inglaterra. Pero allá ya van de regreso a las prisiones en manos del Estado. Hubo algunos funcionarios de alto nivel en el gabinete de Seguridad Nacional que se opusieron, que le dijeron: ‘mejor que pasen los empresarios y solamente construyan, que mantengan las instalaciones y por eso se les paga una especie de renta mientras recuperan su inversión y sacan una ganancia’.

“A los inversionistas se les dijo que sus proyectos deben cumplir con normas nacionales e internacionales en materia penitenciaria, que las obras deben ser instalaciones donde los derechos humanos de los internos no puedan ser vulnerados.

“El extra fue decirles que además de la construcción también van a prestar los servicios de lavandería, alimentación, sanitización y actualización tecnológica. Se convertirán en prestadores de servicios penitenciarios; con ello sus ganancias aumentarían, ya que en cada cárcel se lavará un millón 200 mil prendas mensuales y se servirán más de 3 millones de raciones de alimento al año por centro.

Los proyectos contemplan que cada una de esas actividades sea también generadora de recursos para los internos y sus familias, ya que podrán trabajar y al terminar su condena tienen la promesa de ser contratados por las compañías que construyeron las prisiones, revelaron los funcionarios entrevistados.

De esta manera, la SSP federal pretende que la operación de los nuevos centros penitenciarios se vuelva rentable, ya que las empresas privadas pagarán el consumo de energía eléctrica y gas, y además aportarán la maquinaria para los servicios de alimentación y lavandería.

En cuanto a la construcción de los nuevos centros penitenciarios, a cada empresa se le dio una tajada igual, aunque hay las que tuvieron dinero para hacer hasta dos proyectos: ICA construye en Hermosillo, Sonora, y en Ocampo, Guanajuato; Prodemex en Gómez Palacio, Durango, y en el municipio de Buenavista Tomatlán, a 30 kilómetros de Apatzingán, y la empresa GIA se hizo cargo de edificar la prisión federal de Oaxaca; Homex será la encargada de la prisión federal femenil en Cuernavaca, Morelos.

Asimismo, Tradeco construirá el penal de Ramos Arizpe, Coahuila. A decir de las fuentes consultadas, éste sería el único proyecto que no está incluido en los que se entregarán en agosto, debido a que enfrenta problemas con la adquisición del terreno, porque se pretende edificar en tierras ejidales.

La empresa Arendal construye lo que denomina el proyecto Chiapas.

De esta manera, la SSP federal controlará tres complejos penitenciarios con seis niveles de seguridad: el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, en Nayarit; las Islas Marías, y Papapantla, Veracruz.

Asimismo, ocho prisiones que aún están en construcción con recursos privados, además de El Altiplano (Almoloya), Occidente (Puente Grande), Huimanguillo (en Tabasco), Noreste (en Matamoros), Villa Aldama (en Veracruz), Ciudad Juárez (Chihuahua), Guadalupe Victoria (en Durango), Monclova (Coahuila), Guasave (Sinaloa) y el Centro Federal de Rehabilitación Sicosocial (en Morelos).

Papantla se convertirá en el Centro Nacional de Observación y Clasificación, donde los que sean detenidos y consignados ante un juez por primera ocasión permanecerán allí un mes sujetos a estudios criminógenos y sicológicos, y luego serán enviados a alguna prisión cercana a donde residan sus familiares.

La llamada válvula estratégica del sistema penitenciario federal serán las Islas Marías. Ahí cada interno concluirá su sentencia en plena convivencia y con trabajo comunitario, lo que garantizará su reinserción social, confiaron los entrevistados.