a intervención de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que realizó el gobierno de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, con iniciativa presentada al Senado de aquel país para efectuar la expropiación del 51 por ciento del capital social de la empresa, representó, ni duda cabe, un acto de soberanía esencial que mira, en todos los aspectos, al interés fundamental de la nación argentina. Se le ha equiparado, con razón, al acto expropiatorio del presidente Lázaro Cárdenas del 18 de marzo de 1938. En realidad, la del mandatario mexicano fue una expropiación total sujeta a resarcir, de acuerdo con la ley, las indemnizaciones del caso. La de Argentina es una expropiación parcial.

En lo general, ambas acciones reivindicativas del interés de las naciones es muy semejante; en la especie, los alegatos inmediatos son de diferente índole. El punto de partida en México fue el conflicto obrero patronal que enfrentaban las compañías extranjeras; en Argentina, se trata del malísimo y abusivo manejo que la empresa dueña de YPF, la española Repsol, venía haciendo de la industria nacional.

En ese país hermano, como se ha documentado hasta la saciedad, Repsol deprimió artificialmente las tareas de exploración y explotación de petróleo y gas, duplicando, ello no obstante, sus ganancias, a costa no sólo de no invertir lo que se necesitaba, sino llevando a cabo un plan deliberado de desinversión que repercutía directamente en la baja de la producción y en las tareas que le son aledañas. Entre 1998 y 2011, la producción de petróleo cayó 54 por ciento; mientras que la de gas se desplomó en 97 por ciento. Ello obligó al país a importar hidrocarburos año con año. Sólo en 2011 se trató de una merma de 9 mil 300 millones de dólares y en 2012 será de 12 mil millones.

Fundada en 1922, en el último año del primer gobierno Yrigoyen, YPF, como lo ha señalado José Blanco en su artículo del pasado 24 de abril, logró proporcionar la oferta de la producción de energía en todas sus formas (petróleo, gas natural, electricidad), hasta que la dictadura militar (1976-1983) la empezó a saquear y Carlos Menem la entregó en actos sucesivos (1993 y 1999) a la trasnacional española. Los resultados saltaron a la vista. Según datos del Instituto Argentino del Petróleo (La Jornada, 26.04.2012), la producción petrolera mostró un descenso sostenido desde 2001 (46 millones de metros cúbicos) que se agravó en 2008 (37 millones) y en 2011 (34 millones).

Argentina, según palabras de su mandataria, era la tercera potencia en reservas de gas, después de China y Estados Unidos. Ahora tiene que importar petróleo y gas porque Repsol-YPF ha sido incapaz de mantener la oferta y satisfacer las ingentes demandas del país conosureño. Corrieron rumores, bien fundados por lo demás, de que los directivos de la empresa española tenían en planes entregar el grueso de su inversión a compañías chinas en Argentina. Sea lo que fuere, el hecho es que no sólo no le preocupaba en absoluto el desabastecimiento energético del país, sino que su línea era malbaratar su subsidiaria y especular en el mercado.

Los recientes actos del gobierno argentino se cifraron en la defensa de la soberanía nacional y muy en relación con el futuro desarrollo de la Argentina en renglones que tienen que ver directamente con su abastecimiento de energía y el salvamento de sus finanzas públicas. A los gobiernos derechistas y a sus personeros esas cuestiones les tienen sin cuidado. El comportamiento del régimen calderonista en México es, por supuesto, diametralmente distinto. Para sus exponentes y sus aliados priístas, hablar de soberanía, de una oferta eficiente de servicios y bienes a la población y de saneamiento de las finanzas públicas está fuera de lugar, es obsoleto y un mero populismo trasnochado.

A un derechista reaccionario como el mandatario mexicano la medida argentina le pareció que no es un acto racional, porque el peor incentivo para un inversionista es invertir en un país así. Justificó la política desinversora, especulativa e improductiva de la empresa española diciendo algo que viene muy poco a cuento: en un mundo con el precio del petróleo que tenemos, si tú obligas a una empresa a poner precios más bajos del mercado, pues estás matando los incentivos para que una empresa produzca más. Menos mal, admitió que no conoce los detalles. Pero, encima, se atrevió a hacer votos porque Argentina pueda rectificar una medida que es poco responsable y muy poco racional, confiando en que Cristina Fernández rectifique esta lamentable medida (La Jornada, 17.04.2012).

Para los candidatos presidenciales de la derecha, Enrique Peña Nieto, del PRI, y Josefina Vázquez Mota, del PAN, casi en los mismos términos, el gobierno argentino cometió una equivocación, aunque ellos no supieron decir el porqué. Simplemente, reiteraron sus propuestas en torno a la cuestión petrolera. El primero sosteniendo que sólo abriendo Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada podrá reanimarse la industria y salir de su estancamiento. La segunda, remasticando su ñoña propuesta de bursatilizar Pemex, como lo hizo Brasil con Petrobras, evidentemente, sin saber siquiera lo que en realidad hicieron los brasileños con el derechista Fernando Henrique Cardoso y, menos aún, lo que ahora han hecho.

Muy oportunamente, el consejero profesional independiente de Pemex, Rogelio Gasca Neri, salió al paso de esos planteamientos simplistas y oportunistas. Cuando se habla de privatizar la empresa, así sea postulando una mayor inversión privada o convirtiendo a la empresa nacional en una sociedad por acciones, quién sabe por qué siempre se les olvida que, para hacer tal cosa, es forzoso cambiar la letra y los conceptos básicos de la Constitución mexicana. Gasca Neri se lo echa en cara, pues se les olvida que para realizar una eventual apertura a la inversión privada o la bursatilización se tienen que efectuar cambios constitucionales y convertir este organismo público descentralizado en una empresa.

El consejero profesional abundó en el asunto diciendo que para ello se debe restructurar financieramente a la petrolera, capitalizarla, absorber sus abultados pasivos laborales, obtener utilidades y posteriormente bursatilizarla para emitir los llamados bonos ciudadanos (invento de Calderón al que nadie hace caso). A la idiotez de Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, en el sentido de que los consejeros de Pemex están enchinchando al organismo, Gasca Neri le recordó que Pemex primero debería convertirse en empresa y posteriormente capitalizarse, colocar deuda y otorgar rendimiento (La Jornada, 23.04.2012). Eso sólo desenmascara la mala leche y las tonterías de los derechistas que quisieran que la empresa nacional siguiera como hasta ahora, sirviendo sólo de caparazón para la corrupción y el saqueo de los privados y de los malos gobernantes.

Qué diferente fue la actitud del candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador: él no sólo justificó la acción argentina como un legítimo acto de soberanía nacional, sino que, a la vez, condenó la injerencia de Calderón en un asunto que no le compete y a los candidatos derechistas por su falta de visión y de comprensión de los problemas nacionales.