Comentarios y Propuestas al proyecto de programa sagarpa 2012-2018 presentado por Víctor Suárez

Más de 80 representantes de agrupaciones campesinas y de productores agroalimentarios, así como académicos, científicos y miembros de organizaciones de mujeres, de derechos humanos y ecológicas, se dieron cita en la reunión convocada por Víctor Suárez Carrera, designado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como secretario de Agricultura, en caso de que su coalición gane la Presidencia. En ese foro, el 20 de marzo pasado, en el World Trade Center, Suárez presentó su propuesta de programa de gobierno para el sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 2012-2018.

Rafael Ruiz Moreno, vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en la cartera de Pesca y Acuacultura y presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Acuícola y Pesquera (Canainpesca). Tener recursos no es sinónimo de riqueza; hace falta muchísima política pública. El sector ha sufrido abandono, desorden y sobreexplotación en algunas áreas. La mejor manera de protegernos ante las señales del mercado global alimentario es el fortalecimiento de la producción interna para reducir la dependencia del exterior. Ello demanda políticas integrales de mediano y largo plazos. Es necesario, por su especificidad, crear una secretaría propia de pesca y acuacultura dentro del gabinete. Y ésta y la Sagarpa deben ser incluidas en el gabinete económico, por su importancia en el PIB, captación de divisas, en el empleo y la pobreza. Se debe separar el desarrollo rural de las políticas agropecuarias. Es necesario contar con un presupuesto multianual, pues para el sector es importante que haya certidumbre, que se reduzca la presión política y que se permita a los productores estar en igualdad de condiciones con sus homólogos de los principales socios comerciales. Se requiere un régimen fiscal diferenciado y promotor de inversiones, que es una constante internacional. Que se incentive producir en zonas de mayor grado de marginación, en ramas económicas predefinidas. En materia de financiamiento, hay que rediseñar el sistema de garantías de la banca de desarrollo, modernizar la regularización actual sobre bancos comerciales con operaciones agropecuarias y en el caso del seguro agropecuario hay que continuar con la modernización y la penetración del sistema. En pesca y acuacultura hay que diseñar un esquema de financiamiento que no existe, que considere la aleatoriedad, las vedas y las temporadas de captura y cosecha, así como los fenómenos climáticos que tanto afectan a esta industria. Debe promoverse infraestructura de muelles, que no se genera desde 1980. Es necesario contar con normas internacionales homogéneas espejo que nos ayuden no sólo a cuidar la salud del extranjero sino también la del mexicano, haciendo investigación y certificaciones a los países que introducen productos a nuestro país. Para la industria pesquera es importante que el diesel marino tenga precios competitivos. Es el energético más importante de este sector, pues representa entre 40 y 60 por ciento de los costos totales de operación.

Julio Boltvinik, académico de El Colegio de México. En la propuesta de política pública para el campo es necesario determinar la distribución por tamaño de productores, y que ésta sea un hilo unificador del documento. Hay una diferencia brutal entre los grandes productores agropecuarios de nuestro país y la inmensa mayoría de campesinos en parcelas que están en la pobreza total. El Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del DF (Evalúa) ha hecho una medición oficial no sólo del DF sino nacional que da nuevos resultados: el 95 por ciento de los habitantes del medio rural son y han sido pobres desde 1984. Desde hace casi 30 años no ha habido cambio de tendencia. Si se hace la subdivisión entre pobreza a secas y lo que el método llama indigencia (la pobreza más brutal, de los que ni siquiera cumplen la mitad de las condiciones para no ser pobres), entonces sí hay una ligera baja, que refleja el papel de Oportunidades, de las remesas y otras condiciones, pero es ligera. Aquí estamos proponiendo alcanzar niveles de dignidad. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) identifica que 93 por ciento de los habitantes del medio rural tienen una o más carencias sociales. El diagnóstico del agro en el planteamiento de políticas tomaría más fuerza si se le incorpora el concepto de “Estado de bienestar agrario”, que busca el bienestar aumentado las capacidades productivas de los campesinos y no sólo transfiriéndoles recursos monetarios. A escala mundial ha habido un desmantelamiento de los Estados de bienestar agrario, que consistían en todo lo que se hacía antes y ahora no se hace: crédito y semilla subsidiados, precios de garantía, asistencia técnica, extensionismo, etcétera. Es la política de “váyanse todos al neoliberalismo, a buscar sus ventajas comparativas: no produzcan maíz, no subsidien a sus agricultores”. Y es necesario mantener el viejo eslogan de López Obrador: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Hay que apoyar a todos los productores pero en maneras diferenciadas.

Blanca Rubio, académica de la UNAM y miembro de la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales. Hay la tendencia a desear que todo vuelva a ser como cuando había Conasupo, pero hay que ser muy críticos con ese modelo y pensar cómo establecer un vínculo agricultura-industria que sea más equitativo para la primera. Es fundamental analizar esto desde la perspectiva de cómo determinar precios redituables para el campo y ver también el poder oligopólico que distorsiona y que ha subordinado a la agricultura. Este poder va a ser el primero a enfrentar.

Antonio Turrent, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Hay una necesidad urgente de hacer ajustes a la estrategia de cambio climático. Es indispensable que haya más agua disponible para los cultivos, porque al aumentar la temperatura va a aumentar la necesidad de agua. Un segundo punto clave es incrementar la tolerancia genética del maíz y el frijol –dos cultivos muy importantes de México– a la sequía y temperaturas extremas. Para ello la investigación debe recibir apoyo. Se requiere una corrección profunda en el manejo extractivo y despilfarrador de la agricultura empresarial. Sorprende que no se ha hecho nada para mejorar la bajísima eficiencia del riego en México, que es de 37 por ciento. En el sector campesino, la mitad de la tierra de labor de México, de temporal, que son cerca de 13 millones de hectáreas, están en laderas expuestas a la erosión hídrica y no están protegidas. Esa tierra es un bien nacional y las altas temperaturas pueden hacerlas más susceptibles; requiere inversión del Estado. Respecto del maíz, debemos tener un programa gubernamental muy consistente para las 59 razas nativas que tenemos, que son insustituibles y son ingrediente básico de la pluricultural comida mexicana. Son la única fuente de germoplasma disponible para las condiciones marginales de la población; en ellas está el carácter de tolerancia a las altas temperaturas y a la sequía. La promesa de los híbridos transgénicos no es cierta, no podrían entrar allí. Está subutilizada la enorme capacidad científica que tenemos en México; no ha habido forma de que el germoplasma mejorado que hemos desarrollado en el INIFAP y otras instituciones beneficie a los productores.

Fernando Celis, asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC). Se dice que los pecios agrícolas son muy altos, que se han disparado. No es correcto. Si medimos esos precios contra 2004, son altos, pero contra los años 60s, 70s, 80s, no son tan altos. Hay que diferenciar los precios de los alimentos –y allí tiene que ver la agroindustria y sus altas ganancias– de los precios para los agricultores. El gran deterioro del campo ocurre porque al bajar sus ingresos por bajos precios, el productor adoptó una estrategia defensiva: diversificar sus ingresos y no invertir en trabajo ni en capital en el campo. Mientras no haya certidumbre, el productor no va a cambiar esa estrategia. Se pueden ordenar los precios. En la rama del café, debe haber un acuerdo con Colombia y Brasil, para establecer un esquema alternativo de regulación de mercado. Pero México es el país que menos interviene en este tipo de negociaciones.

Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC). Es importante la propuesta del equipo de AMLO, de transformar el Procampo con la visión ecológica y alimentaria, Pero hay que agregar el concepto organizativo, para incentivar con un monto mayor a los productores que se organicen productivamente. El Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable debe convertirse en un espacio de planeación democrática y de aplicación de presupuestos participativos y que su enfoque no sólo sea consultivo sino resolutivo.

Alfonso Ramírez Cuellar, líder de El Barzón. No hemos asumido con plenitud que vivimos hoy una situación de precios agrícolas altos, que posiblemente duren mucho tiempo, y de cambio climático. Por eso nuestras relaciones comerciales no ponen tanto al centro las barreras a la importación, sino las restricciones a la exportación. Por tanto debemos incrementar la productividad. En la agricultura de riego, proveedora de 40 por ciento de los alimentos, se desperdicia mucha agua y energía eléctrica, pero es el factor fundamental de incremento de la productividad para reducir importaciones. El cambio climático nos obliga a replantear la totalidad de los subsidios, el costo del agua y el de la energía eléctrica producida con materiales fósiles. Otro tema es quiénes controlan el mercado agroalimentario. Desde 2006, vivimos una época de vacas gordas en términos de precios, pero el ingreso de los productores y de los consumidores ha caído. En materia de compras hay un monopsonio y un oligopolio, y en ventas al consumidor hay un oligopolio en leche, carne, huevo, pollo, harina de maíz y en pan industrial. Debemos propiciar mayor competencia y erradicación de las prácticas monopólicas.

Adriana Welsh, de la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales. Es necesario que la perspectiva de género aparezca en cada parte del documento de propuestas de política rural. Es importante el papel de las mujeres en las regiones indígenas como productoras en la parcela y el traspatio, en el rescate de semillas; se requiere darles reconocimiento en el derecho a la tierra, y que éste quede incluido en los estatutos comunales y ejidales.

Alfonso González Martínez, de Grupo de Estudios Ambientales (GEA). Propongo resaltar como eje central de la propuesta el “desarrollo rural”, para favorecer que se perciban más articuladamente los asuntos del ámbito terrestre (agricultura y ganadería), los del ámbito acuático (piscicultura y pesquerías de costa y de mar abierto) y los del manejo integrado de agroecosistemas en cada escala de uso de las tierras; desde la parcela al predio agrario, y desde el paraje, como unidad geográfica de manejo, hasta la cuenca hidrológica, y/o la provincia biogeográfica. De esa manera podría hablarse ya de un programa de impulso a todas las actividades primarias y las de articulación entre sectores, como las de imbricación agroforestal, las de “producción” (o infiltración) de agua en tierras bajo manejo agropecuario, y las actividades de manejo integrado de agroecosistemas, a escala de una cuenca hidrográfica, o en unidades territoriales mayores.

Isabel Cruz, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS). Es necesario diferenciar las estrategias dirigidas a pequeños agricultores. La gran mayoría son pobres, y hace falta una visión más integrada para ellos a fin de reducir su vulnerabilidad. También hay que cambiar la visión paternalista respecto al crédito. Se debe democratizar su acceso, con mecanismos como los de Brasil, que no dejan pie al no pago. La banca de desarrollo no está sirviendo. El gran reto son las inversiones de mediano y largo plazos. Tenemos remesas que pueden ser convertidas a ahorro rural.

Saldo de dos décadas de reformas estructurales

FOTO: Archivo

Héctor Robles Berlanga

El actual proceso electoral es una oportunidad para contrastar las propuestas de los candidatos a la presidencia en materia de política agraria. Presentemos un panorama de la realidad rural de nuestro país.

Actualmente hay alrededor de 7.4 millones de titulares de la tierra que poseen poco más de 186 millones de hectáreas, es decir, 6.9 por ciento de la población del país es propietaria del 94 por ciento del territorio nacional. Los 196.7 millones de hectáreas que componen este territorio se distribuyen así: 35.7 por ciento es de 1.6 millones de propietarios privados, con una extensión media de 43.5 hectáreas cada uno; el 54.1 por ciento corresponde a la propiedad de núcleos agrarios y está distribuida entre 5.6 millones de ejidatarios y comuneros, con una extensión media por sujeto de 18.7 hectáreas; los terrenos nacionales abarcan una extensión de 7.2 millones de hectáreas, divididos en 144 mil predios, y por último, 654 colonias agrícolas con una superficie de 3.8 millones de hectáreas y un promedio por colono de 61.7 hectáreas.

Conforme al uso del suelo, nuestro país cuenta con 195 millones de hectáreas rústicas, distribuidas como sigue: 36.1 por ciento de pastos naturales, agostadero o enmontadas; 32 por ciento de vegetación diversa; 16.1 por ciento es superficie de labor; 3.8 por ciento sin vegetación; dos por ciento sólo con bosques, y el resto es propiedad pública o tiene otros usos. Los datos confirman que la vocación de nuestros suelos no es agrícola. Es importante señalar que los 31 millones de hectáreas es la frontera agrícola y el máximo de superficie cultivada es de 22 millones de hectáreas, ya que gran parte de esta superficie presenta limitantes para su aprovechamiento en actividades agrícolas.

La situación de ejidos y comunidades. Entre 1991-2007 disminuyó el grado de tecnificación de los ejidos y comunidades. Ahora se tienen menos bordos para abrevadero, bodegas para almacenamiento, naves para aves y cerdos, baño garrapaticida y salas de manejo y ordeña. Si bien aumentó en 1.7 millones de hectáreas la superficie irrigada (más por una reclasificación que por un aumento en la superficie irrigada), la superficie de labor y sembrada disminuyó. Ahora que se demandan más alimentos por parte de la población y se incrementaron los precios de los granos básicos, se siembra menos.

FOTOS: Erique Pérez S. / ANEC

Después de las reformas al marco legal agrario, se incrementó el número de organizaciones de primer grado y disminuyeron las de segundo, con lo que se han limitado las posibilidades de generar economías de mayor escala. De acuerdo con el Censo Ejidal, desde la reforma de 1992 al año 2007, mil 920 Grupos para la Producción (GP) se desintegraron, seis mil 295 núcleos agrarios se desincorporaron de las uniones de ejidos y/o comunidades y mil 184 se desafiliaron de alguna Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC).

La compraventa de tierras se ha generalizado; ocurre en dos de cada tres núcleos agrarios. Si bien predominan las transacciones entre miembros de los ejidos y comunidades, una proporción importante (33 por ciento) se realiza con personas ajenas, lo que contraviene lo señalado en el Articulo 80 de la Ley Agraria. Se incumplen los procedimientos normativos.

Se extendieron dos nuevos fenómenos en el campo mexicano: la feminización, con un millón 165 nuevas titulares de tierra, y la migración, pues cerca de 13 mil núcleos agrarios reportaron que no hay permanencia de la mayoría de los jóvenes.

Al construir el índice de infraestructura y equipamiento por núcleo agrario, se obtuvieron los siguientes resultados: en 2007 en la mayoría de los rubros el índice resultó menor que en los años previos; sólo mejoró el número de ejidos y comunidades que registran algún tipo de organización. De acuerdo con la información censal, los núcleos agrarios se encuentran menos tecnificados y por lo tanto enfrentan mayores dificultades para insertarse en la economía global.

La situación de las unidades de producción (UP). Los censos agrícolas ganaderos incluyen a las UP ejidales, comunales y de propiedad privada y se enfoca a los aspectos productivos. En este caso el comparativo de los censos Agrícola Ganadero 1991-2007 arroja un saldo negativo, en diversos rubros:

• El número de UP sin actividad agropecuaria se incrementó significativamente, pues pasó de 584 mil 817 que había en 1991 a 1.4 millones en 2009, lo que indica abandono de tierras para la producción de alimentos;

• La superficie irrigada se mantuvo en 5.5 millones de hectáreas en los pasados 16 años, lo que significó que no aumentó la superficie de riego, insumo central para planificar las actividades agrícolas, mejorar rendimientos y obtener mayores ingresos;

• Se observó una caída del financiamiento, lo que impide la capitalización de las unidades de producción y que sean más competitivas. En 1991 existían 744 mil 400 UP con financiamiento, mientras que, para 2007 sólo 172 mil 585 recibieron crédito, es decir, apenas cuatro por ciento de todas las UP con actividad agropecuaria o forestal que existen en el país cuentan con este insumo. De acuerdo con Miguel Meza (en su artículo “Financiamiento rural en tiempos neoliberales” publicado en el número 10 de este suplemento), “un efecto inmediato de la reforma fue la reducción drástica del crédito al campo, particularmente a los pequeños productores de más bajos ingresos. Con el desmantelamiento del sistema Banrural y la reorientación de la política de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), el crédito dirigido a campesinos de más escasos recursos se contrajo notablemente y la Financiera Rural (Finrural) está muy lejos de alcanzar la cobertura del sistema que le antecedió”.

• No se superó la fragmentación y pulverización de la tierra, y por lo tanto no se generaron economías de mayor escala. De las UP censadas en 2007, el 72 por ciento tienen menos de cinco hectáreas; el 22 por ciento, entre cinco y 20, y sólo el 6 por ciento posee más de 20 hectáreas.

FOTO: Gustavo Graf

• Disminuyeron los activos fijos como el número de tractores y camiones, y todavía siguen siendo más las UP que no utilizan maquinaria.

  Disminuyó o se mantuvo constante el número de cabezas de ganado mayor, contrario a lo que sucedió con la población nacional, por lo que el número de cabezas por hogar ahora es menor que en 1991.

• En el marco de la apertura comercial, son muy pocas las UP que participan del comercio internacional. Existe un sector de productores que no se encuentran ligados al comercio y que sólo producen para el autoconsumo, representan el 41 por ciento de las UP censadas en el 2007. En contraparte, existen sólo ocho mil 432 UP que vendieron en el mercado internacional.

• Se incrementó la superficie en arriendo. Actualmente 6.3 millones de hectáreas se encuentran bajo alguna modalidad de usufructo mientras que en 1991 sólo eran cuatro millones 566 mil hectáreas, lo que representó un incremento en la superficie de arriendo del 40 por ciento.

Hay saldos positivos en varios renglones:

Incremento de la producción y los rendimientos de los principales cultivos, permitiendo que las UP sean más competitivas en esta materia.

Aumentó la producción de huevo y carne de ave. Prácticamente toda la producción fue responsabilidad de dos empresas de capital norteamericano: Bachoco y Pylgrim.

En el 2009, a pesar de la falta de financiamiento son más las UP que utilizan tracción mecánica para la realización de sus labores agrícolas que las que existían en 1991.

No se modificaron los regímenes de propiedad, los ejidatarios mantienen 105 millones de hectáreas, y la propiedad privada, incluyendo a las colonias agrícolas, 73 millones de hectáreas, cifra similar a las que tenían en 1991. Los datos reflejan estabilidad en los tipos de propiedad y que los ejidatarios y los comuneros defendieron su patrimonio.

Además de las condiciones anteriores se observan diversos problemas:

a) Una balanza comercial agroalimentaria desfavorable. Si bien hay un gran dinamismo de las exportaciones del sector agropecuario mexicano, se encuentran muy concentradas en productos ganaderos (en particular avícolas), hortalizas, frutas y productos procesados como son las bebidas alcohólicas. Por el contrario, se observa una mayor importación de granos básicos, lo que convierte al país en un importador neto de los principales alimentos de la población

b) El minifundio es la unidad de producción más generalizada en el campo mexicano. Actualmente, de acuerdo con el VIII Censo Agrícola Ganadero, existen dos millones 688 mil 611 UP con menos de cinco hectáreas, que representan el 71.6 por ciento del total.

c) En el campo vive la población más joven del país. La juventud de la población rural contrasta con el envejecimiento de los propietarios de la tierra. La edad promedio de ejidatarios y comuneros es de 55.5 años.

d) Hay un bajo nivel de instrucción. El 18.2 por ciento de los responsables de las unidades económicas rurales (UER) no cursó ningún grado escolar y el 56.7 por ciento realizó la primaria (completa o incompleta). De esta manera, los bajos niveles de educación formal se presentan como un factor que limita el capital humano del sector y de su población, y reduce sus capacidades tecnológicas, productivas y empresariales

e) El 85 por ciento del territorio mexicano es definido como tierra árida o semiárida, y hay un promedio de precipitaciones interanual muy variable. Nuestro país es propenso a sufrir sequías, como ha sucedido en los dos años recientes que afectan a la mayoría de los productores, especialmente a los que viven en el norte y el altiplano.