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28 de abril de 2012 Número 55 Directora General: CARMEN LIRA SAADE |
Plataforma del frente progresista: rescate del campo, soberanía alimentaria, revisión del TLCAN...
 FOTO: Marco Peláez / La Jornada |
La plataforma electoral de la coalición de izquierda abarca como un todo el sector agropecuario, forestal y pesquero, pero coloca al frente el concepto de la alimentación: establece claramente la intención de alcanzar la soberanía alimentaria “y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos”. Ello, por medio de subsidios y créditos para que los productores eleven su producción y productividad, y con la expectativa de “rescatar al campo del abandono al que ha sido condenado por la política neoliberal, de arraigar a la gente en sus comunidades y de generar empleos rurales que ayuden a contener la migración”.
Asimismo, amarra los planteamientos de la coalición en materia de política sectorial con los de política social, pues, dice, ésta “debe considerar el problema de la alimentación”. Y el derecho a una alimentación de calidad debe ser cumplido con políticas integrales de producción, distribución, precios, subsidios generales y regulación destinados a alcanzar la soberanía alimentaria, entendida como la capacidad del Estado para fomentar la producción sostenible de granos y otros productos agropecuarios y pesqueros básicos, al tiempo que se genera el ingreso necesario para que la población pueda acceder a esos bienes.
Como un cambio estructural, el documento prevé revisar y rectificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en lo relativo a los sectores agropecuario y pesquero, “para recuperar instrumentos valiosos de fomento que garanticen la autosuficiencia alimentaria de nuestro país y generen mejores condiciones de trabajo y de vida para los productores y sus familias”.
Y prevé ejecutar una política agropecuaria diferenciada por tipo de productor: los ya altamente competitivos, aquellos con potencial para incrementar su competitividad y los que tienen escasa o nula competitividad y requieren todo el apoyo del Estado. Esto, concibiendo el desarrollo rural sustentable del sector agropecuario, forestal y pesquero dentro de un sistema nacional de planeación democrática y desarrollo regional.
La coalición enlaza el interés de la alimentación con la atención a los pobres, pues plantea “establecer políticas públicas específicas en el tema de la alimentación (…) cuyo objetivo prioritario consista en garantizar la alimentación básica de la población, particularmente la de los sectores económicos más desprotegidos”
Sin embargo, comete un dislate, pues luego de proponer el impulso de alimentos sanos y vigilar el impacto que sobre éstos produce el uso de tecnologías que ya han sido rechazadas en otros países, menciona fuera de toda lógica “que los organismos genéticamente modificados deben ser utilizados en beneficio de todos, priorizando la salud y la garantía alimentaria de la población así como la conservación de las especies endémicas”.
La propuesta hace ofertas muy específicas, por ejemplo, dice, se sembrará un millón de hectáreas de árboles maderables en el sur-sureste del país, caobas y cedros entre otros, con propósitos económicos, ecológicos y para crear alrededor de 400 mil empleos anuales; asimismo, reformar los sistemas financieros, comerciales, de seguros y de servicios necesarios para el sector agropecuario, forestal y pesquero; que los productores tengan precios de garantía adecuados a su función productiva y a sus necesidades de vida, particularmente los de más bajos y medios ingresos; aumentar el gasto productivo y la inversión pública y vincular la ciencia y la tecnología al sectores agropecuario, forestal y pesquero.
Propone también reorientar las actividades silvícolas hacia sistemas integrales de aprovechamiento forestal sustentable, retomando las experiencias exitosas en México y de otros países, y con la participación organizada institucionalmente de expertos, centros académicos, organismos civiles, las organizaciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas, empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno, para revertir los graves procesos de depredación ecológica y de cambio climático. Y plantea apoyar la actividad pesquera para mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras y ribereñas del país y pondremos al alcance de la población proteínas de buena calidad a bajos precios.
AMLO y el campo en la prensa
El medio rural, sus actores sociales, problemas y retos han sido tópico constante de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato presidencial del Movimiento Progresista, y así lo consigna la prensa.
Desde antes de que comenzara formalmente su campaña, AMLO ha participado en foros y encuentros especializados en los temas del campo, como fue el caso del Foro Jornaleros Agrícolas y Movimientos Campesinos, realizado en el Valle de San Quintín, Baja California, el 10 de enero, donde –según da cuenta un boletín informativo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)– hizo el compromiso de construir un programa especial a favor de los jornaleros agrícolas.
 FOTO: Jesús Villaseca / La Jornada |
“Se comprometió a buscar la solución para que los trabajadores agrícolas puedan vivir con justicia, que se les respeten sus derechos laborales y tener buenos salarios, porque ‘no es justo que un trabajador mexicano gane siete veces menos que un trabajador de Estados Unidos’. Dijo que es necesario cuidar la salud de los jornaleros, que sufren porque en muchos plantíos donde trabajan se utilizan agroquímicos tóxicos. El nuevo gobierno procurará dar una educación especial para los jornaleros para que puedan estudiar al mismo tiempo que trabajan; también que tengan una vivienda digna con servicios públicos como agua, drenaje y energía eléctrica”, mencionó el comunicado de Morena.
Luego, en el Foro Rescate del Campo y Soberanía Alimentaria, realizado en Culiacán, Sinaloa, el 13 de febrero, Andrés Manuel López Obrador condenó las políticas neoliberales, “que han sido (para el campo) un rotundo fracaso en los últimos 30 años, pues sólo han generado migración, pobreza, criminalidad y dependencia alimentaria”. Ante un auditorio predominantemente de productores rurales anunció “una cruzada nacional para rescatar al sector agropecuario y revertir las crecientes importaciones de alimentos básicos (…) Al señalar que impulsará la inversión pública, consideró que no se contrapone lograr una agricultura de exportación de competitividad internacional a consolidar la producción para garantizar la autosuficiencia alimentaria (…) Reprobó que los gobiernos de PRI y PAN hayan terminado con las políticas de fomento por su visión neoliberal de cancelar la inversión pública en este sector. Han eliminado subsidios a los productores y cancelado aranceles a la importación de productos agropecuarios, con resultados desastrosos, como desplome de la producción agrícola, pérdida de 50 por ciento del hato ganadero, eliminación de empleos rurales e incremento de la migración” (nota de Alonso Urrutia, La Jornada, 14 de febrero de 2012).
Asimismo, AMLO celebró el cierre de su precampaña en el marco del Foro Pueblos Indígenas, en la capital de Oaxaca, el 14 de febrero. Allí, Carlos Beas, representante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) destacó que, de ganar la próxima contienda presidencial, “López Obrador asumiría como un compromiso irrenunciable el cumplimento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre Derechos y cultura Indígena pactados desde 1996, siempre privilegiando el diálogo y el consenso en lugar de reprimir o imponer”, y se comprometería también a hacer efectivo el derecho a la autonomía y a la autodeterminación (según reportó Epifanio Díaz en la página web del Movimiento Indígena Alterno http://su.pr/2txnxM)
En un encuentro con científicos, el 23 de marzo, en la ciudad de Monterrey, López Obrador reiteró sus críticas a las políticas neoliberales en el campo, las cuales, dijo, han sido un rotundo fracaso. E insistió en que el campo es prioridad para el país. Dijo que dos áreas serán fundamentales en su Plan Nacional de Desarrollo: la producción de alimentos y el sector energético. Respecto de la primera, “será una prioridad impulsar la biotecnología y la innovación tecnológica con el fin de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria”, dijo. Con esto, agregó, se buscaría atacar la actual política oficial, que dejó en el abandono al campo. “Apostaron a que podíamos comprar los alimentos en el extranjero; nos convertimos en importadores y destinamos alrededor de 25 mil millones de dólares para adquirir productos agropecuarios que podemos producir en el país”, señaló. Una nota de David Carrizales (La Jornada, 24 de marzo) dio cuenta de ello y también mencionó que al participar AMLO en el 24 Congreso de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (Adait), suscribió los diez puntos que planteó en la Declaración de Monterrey esta agrupación integrada por mil 200 científicos, investigadores, tecnólogos y rectores de universidades. “Todas las proyecciones nos dicen que cada vez más van a escasear los alimentos y se encarecerán; nosotros tenemos que regresar al campo. Es un sector estratégico; es urgente apoyar a los productores para lograr la autosuficiencia y la soberanía”, dijo.
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Campo en crisis
Diagnóstico presentado
por Víctor Suárez*
La situación crítica de pobreza, exclusión social en el mundo rural (convertida en migración), hambre, dependencia alimentaria, descapitalización campesina y producción agroalimentaria estancada, no se corresponde en absoluto con los recursos públicos que el Estado ha asignado al campo tanto en el rubro de desarrollo productivo, vía la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), como en el de asistencialismo, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol.)
Desde que inició el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hace 18 años, y en particular desde que asumió el poder el Partido Acción Nacional (PAN), los presupuestos de la Sagarpa y de la Sedesol se han elevado en forma sustancial, a una ritmo promedio anual de 23.9 y 54.9 por ciento, respectivamente.
Esta falta de congruencia se debe a un ejercicio no equitativo de los recursos; a una estrategia política injusta socialmente. El presupuesto agropecuario y pesquero se concentra en los estados y productores más favorecidos del país, situados en el norte. La mayoría de los pequeños y medianos productores deben contentarse con el 30 por ciento del total de los apoyos y subsidios, mayormente de carácter asistencial.
Entre los indicadores que revelan el desastre agropecuario destaca el estático Producto Interno Bruto agropecuario forestal y pesquero. Entre 1980 y 2000 aumentó tan sólo en 1.5 por ciento anual, y en los gobiernos del PAN lo hizo en 1.1 por ciento al año. En particular el PIB agrícola creció en esta última década sólo en 0.3 por ciento y en el gobierno calderonista ha tenido un comportamiento decreciente, de menos 0.6 por ciento anual. Este comportamiento es de los más mediocres en América Latina.
Otra muestra del rezago del campo se observa en la desigualdad y la pobreza. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalan que de los 5.4 millones de unidades de producción rural (UPR) existentes en el país, tres millones corresponden a productores en situación de pobreza, quienes en su gran mayoría viven en el centro y sur del país y en territorios con baja integración a los mercados; por otra parte, 450 mil UPR se ubican en el otro extremo por su capacidad productiva y generación de ingresos. De los casi 60 millones de mexicanos pobres, 70 por ciento está en el medio rural.
Un dato más del deterioro se observa en la balanza comercial agroalimentaria. En 17 de los 18 años del TLCAN ha sido deficitaria; sus saldos negativos acumulados suman 45 mil millones de dólares. La dependencia del exterior ha tendido a crecer desde 1994 a la fecha; en lo relativo a granos y oleaginosas, se elevó de 23.1 a 37.8 por ciento. La situación es insostenible, pues los precios internacionales registran un ciclo largo de precios altos, muy difícil de frenar, ya que son impulsados por el uso alterno de los granos en agrocombustibles y son objeto de gran especulación en los mercados globales. Los efectos dentro de México son de encarecimiento de los precios de los alimentos, con la tortilla como un ejemplo emblemático.
*Víctor Suárez Carrera, propuesto por AMLO para asumir la cartera de la Secretaría de Agricultura y director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC.
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El campo en la historia de México
María Luisa Albores González
Propuesta por AMLO para la Secretaría de Reforma Agraria
en caso de ganar las elecciones
La campesina es una de las identidades más arraigadas en México. Por nuestro origen indígena, como nación pluricultural, nuestros pueblos desarrollaron una visión comunitaria con base en su papel de sujetos que conviven, cohabitan y están arraigados en un territorio. Esta visión ha estado presente a lo largo de nuestra historia y las luchas agrarias dieron cauce a las demandas rurales, configurando con ello la realidad nacional en su conjunto.
Por eso una de las aspiraciones que logró la mayor movilización social durante la Revolución fue la de recuperar la tierra para los pueblos originarios y las comunidades agrarias campesinas. La lucha encabezada por el movimiento zapatista y plasmada en el Plan de Ayala, se vio reflejada en la Constitución de 1917. Allí se estableció que la reforma agraria mexicana debería ser comunitaria: el sujeto de la acción agraria es colectivo; un pueblo establecido, en el sentido de una localidad o una comunidad de vecinos, un asentamiento con existencia previa y con categoría política reconocida: “villa”, “pueblo” o “congregación”.
A partir de estas aspiraciones es que la reforma agraria se cristaliza en el reparto de tierras, como una de las acciones sociales más trascendentes del México postrevolucionario. Así, la mayor contribución de la reforma agraria es haber restablecido el carácter de sujeto campesino en los habitantes rurales, gracias a la posesión de la tierra.
Sin embargo, los gobiernos neoliberales han visualizado nuestra identidad campesina como uno de los lastres para el desarrollo del país. Bajo el planteamiento de que sobran campesinos, se ha diseñado una serie de estrategias que han tenido en lo agrario la base táctica para promover la descampesinización del México rural. Con la finalidad explícita de dar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a ejidatarios y comuneros y otra finalidad implícita de facilitar la participación de la inversión privada en la propiedad social de la tierra, durante los cuatro sexenios recientes se ha desarrollado una política agraria que bien ha sido calificada como la contrarreforma agraria. A pesar de ello, México sigue siendo un país de campesinos que se resisten a perder su identidad. En el medio rural viven más de siete millones de titulares de la tierra, que poseen poco más de 185 millones de hectáreas, lo que les da una importancia estratégica, pues poseen el 94 por ciento del territorio nacional.
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Hacia un programa de la sagarpa 2012-18
 Víctor Suárez Carrera FOTO: Consejo Ébano |
Víctor Suárez Carrera
El campo no aguanta más. El país tampoco. Es el resultado de tres décadas de abandono del campo y de dependencia alimentaria. Es consecuencia del modelo neoliberal en la agricultura aplicado por los gobiernos del PRI y del PAN desde 1982 a la fecha. Urge un cambio verdadero en el modelo agroalimentario y en la política sectorial. Desde el equipo de AMLO, se propone el siguiente programa de gobierno para la Secretaría de Agricutura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el periodo 2012-2018:
Nuevo Pacto Social y Política de Estado de largo plazo para el rescate del campo y la soberanía alimentaria.
Objetivos sectoriales 2012-2018: i) Rescate de la soberanía alimentaria; ii) reactivación económica, equilibrio en la balanza comercial agroalimentaria y creación de empleos rurales; iii) promoción de la equidad y la sustentabilidad, y iv) realización plena del derecho constitucional a la alimentación y del derecho a no migrar.
Metas sectoriales 2012-2018, entre otras: i) Crecimiento sectorial: 4 por ciento promedio anual; ii) reducción en 50 por ciento de la dependencia alimentaria; iii) equilibrio en la balanza comercial agropecuaria en 2018; iv) erradicación del hambre y la desnutrición en la población infantil (cinco millones de niños), y v) disminución en 15 millones de personas del medio rural en condiciones de pobreza.
Presupuesto multianual creciente con prioridad en inversión pública estratégica y de impacto regional, principalmente en infraestructura hidroagrícola y uso eficiente del agua.
Nuevo Procampo Alimentario y Ecológico.
Programa estratégico de fomento a la agricultura familiar y la seguridad alimentaria.
Programa estratégico de fomento a las exportaciones agropecuarias y pesqueras.
Programa especial para la renovación de la cafeticultura.
Derechos y bienestar para los jornaleros agrícolas y sus familias.
Reactivación de la ganadería para la seguridad alimentaria y la sustentabilidad.
Fomento de la pesca, maricultura y acuacultura sustentables para la reactivación económica y la seguridad alimentaria.
Nueva política sectorial con enfoque de género y para la inclusión de la juventud rural.
Programa Nacional Alimentario y Nutricional.
El campo y la agricultura son mucho más que producción de alimentos.
Fortalecimiento de la investigación y educación agrícola superior y el extensionismo rural.
Acceso a una vida digna, promoción de una cultura de derechos y ciudadanía en el campo.