Plan de Ayala Siglo XXI,
compromiso construido en seis encuentros regionales

FOTO: La Jornada

El 28 de noviembre de 1911, en el pueblo mixteco Ayoxuxtla, en Puebla, el Ejército Libertador del Sur firmó el Plan de Ayala para ratificar su lucha revolucionaria y confrontar a Francisco I. Madero, quien acababa de asumir el poder presidencial y estaba dando la espalda a su compromiso de recuperar tierras en manos de hacendados a favor de campesinos e indígenas. “Tierra y libertad” fue el lema del Plan.

Ese día de noviembre pero de 2011, en el aniversario cien de este documento histórico, un grupo nutrido de organizaciones campesinas se congregaron en ese mismo pueblo, en el municipio de Huehuetlán el Chico, para impulsar el Plan de Ayala para el Siglo XXI; le pidieron allí a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entonces aún precandidato de izquierda a la Presidencia de la República, que se sumara a este pacto. La respuesta del político, se sabe, fue: “sí, lo asumo”. Este Plan Siglo XXI, compuesto hoy por diez puntos base, pretende un nuevo pacto social para el campo en el marco de un nuevo proyecto de nación.

A partir de esta decisión con AMLO, las organizaciones promotoras (“campesinas, indígenas y de migrantes del país y transfronterizas”) convinieron realizar una consulta nacional “para construir desde abajo” este Plan, el cual habrá de ser ejecutado desde la Presidencia de la República, en caso de que el hoy candidato gane las elecciones de julio.

Así pues, se llevaron a cabo, a lo largo de marzo, seis encuentros campesinos: 1.- el de Región Norte “Francisco Villa”, en la ciudad de Zacatecas, el día 17; Región Sur “Emiliano Zapata”, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 24; Región Bajío-Occidente “Primo Tapia”, en Guayangareo, Michoacán, el 24; el de la Península de Yucatán “Felipe Carrillo Puerto”, el 24 de marzo; el “Rubén Jaramillo”, celebrado en Chinameca, Morelos, el día 28, y el encuentro campesino binacional “Ricardo Flores Magón-Cesar Chávez”, en Los Ángeles, California, el día 31. Las conclusiones de los seis foros se integraron como anexos al Plan de Ayala Siglo XXI.

“Hoy 10 de abril de 2012, en el 93 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata y reunidos en la ciudad de Torreón, centro de un territorio histórico que durante la Revolución dominó la División del Norte de Francisco Villa y donde el presidente Lázaro Cárdenas respondió a las demandas de los jornaleros en huelga con una de las expropiaciones y dotaciones de tierra más importantes de nuestra Reforma Agraria (…) hacemos público este histórico Plan de Ayala para el Siglo XXI, y firmamos con Andrés Manuel López Obrador, candidato del Frente Progresista a la Presidencia de la Republica, un trascendente Pacto para el rescate del campo y la soberanía alimentaria de México…”, señala el Plan hecho público en la capital coahuilense.

Tomando como fuente los documentos de estos encuentros, del realizado en Zacatecas destacan el planteamiento del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), en el sentido de que las agriculturas campesinas e indígenas, “en su especificidad productiva y social, en sus características propias deben ser apoyadas por el Estado para que se conviertan en las más importantes fuentes de producción de alimentos, tanto para las familias como para el mercado interno”, y por tanto el Estado debe tener una estrategia que apoye el desarrollo de capacidades individuales, familiares y comunitarias de los productores para elevar su productividad con sustentabilidad, mediante la extensión, la capacitación y la transferencia de tecnología a organizaciones de productores. Además de que debe reorientarse una porción significativa del gasto público en agricultura hacia los pobres mediante programas específicos.

Del foro de Tuxtla Gutiérrez, el reporte fue que 24 organizaciones participaron y concluyeron entre otras cosas en que: “es necesario el fortalecimiento e impulso de la organización para la movilización de todos para lograr el cambio que va más allá del primero de julio (…)”, y que el Plan de Ayala Siglo XXI debe garantizar el fortalecimiento de la propiedad social; garantizar la reactivación del campo, ampliando la inversión pública, fomentando la investigación agroforestal y políticas justas de financiamiento para los productores rurales; promover la soberanía y la seguridad alimentaria, impulsando procesos orgánicos en la producción y el consumo; el combate al corporativismo, el clientelismo y la manipulación de los hombres y las mujeres del campo, entre otros postulados. En sus conclusiones este foro propuso también “que se reinicie el diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a fin de que se cumplan los acuerdos pendientes y se tomen medidas y políticas públicas para el establecimiento de una verdadera paz con justicia y dignidad”.

En cuanto al foro de Michoacán, los resolutivos mencionan la urgencia de “un gobierno que aliente con decisión el desarrollo rural”, por la vía de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos para mejorar los ingresos de la gente (e impactar en educación, salud y calidad de vida en genera), dada la situación de pobreza en que vive la mayoría en el medio rural. “La propuesta consiste en auspiciar un gobierno facilitador, igualitario y fraterno en el que los pobres, los excluidos encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, y donde se pueda vivir sin angustias ni temores”, señalan los documentos y plantean la necesidad de “un profundo cambio de la economía nacional que se exprese también en cada ejido y comunidad”, pues el modelo neoliberal, exportador, “es un fracaso”.

En Yucatán, el encuentro contó con una participación amplia y diversa (dados los efectos multiplicadores de las actividades rurales): campesinos, ejidatarios, obreros, estudiantes, amas de casa, carpinteros, choferes de doce comunidades de Yucatán; así como ingenieros agrónomos, estudiantes, antropólogos, biólogos, sociólogos, economistas, abogados, maestras, profesores, comerciantes, empresarios, asesores, coordinadores, académicos de 22 organizaciones y tres centros de investigación de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Allí hubo dos conferencias magistrales, una de María Luis Albores, nombrada por AMLO como su secretaria de Reforma Agraria, y otra de Mauricio Macossay, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. Y se realizaron deliberaciones en cinco mesas: agricultura campesina, soberanía alimentaria y defensa de las semillas originarias; defensa del territorio y derechos indígenas; defensa del medio ambiente y de la biodiversidad; mujeres, jóvenes y migración, y políticas públicas para el campo.

El foro de Morelos tuvo dos fases, una el 2 de marzo con una reunión en Coyuca de Benitez, Guerrero, que involucró a organizaciones campesinas de ese estado, Morelos, Tlaxcala y Oaxaca, y el propio encuentro del 28 de marzo, en Chinameca, con representaciones de Morelos Guerrero, Puebla, Distrito Federal y Estado de México. En el tema de reforma agraria integral, este encuentro, donde participó también María Luisa Albores, levantó planteamientos tales como que “el abandono y la venta de tierras, así como la migración tienen como causa la pobreza creciente de los campesinos y la falta de programas que arraiguen a los propietarios de las tierras y a los jóvenes en sus comunidades (…) Está demostrado que con una política de impulso a la producción campesina y al comercio local se puede vivir aun con pequeñas fracciones de tierra (…) Debe ponerse un alto a las arbitrarias concesiones forestales, mineras y de aguas que representan un saqueo de los recursos naturales de los mexicanos en beneficio de empresas transnacionales (….) Los cambios sólo se podrán realizar con el apoyo y la movilización de los movimientos sociales”. En la mesa de soberanía alimentaria, el investigador Jonathan Fox, de la Universidad de California, Santa Cruz, hizo una exposición y evidenció la injusta distribución de los subsidios agrícolas, incluido Procampo, que están sesgados a favor de los productores del norte. También dijo que hoy la tendencia es que los campesinos se vuelvan consumidores de lo que anteriormente producían y que cada vez dependamos más de la importación de alimentos e insumos externos. Entre las propuestas mencionadas por Fox está que “para avanzar hacia la soberanía alimentaria es necesario reconstruir la agricultura campesina pasando por la recomposición del tejido social y la formulación de políticas públicas apropiadas o diferenciadas según regiones, sectores productivos y tipo de población rural”.

En cuanto al encuentro regional realizado en Los Ángeles, California, se desarrolló con integrantes del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)– California, así como don miembros de la comunidad migrante en el estado. En sus resolutivos plantearon “que el próximo presidente de México demande a su contraparte en Estados Unidos (EU) una reforma migratoria integral para legalizar a los millones de mexicanos que ya vivimos en EU; que el fenómeno migratorio sea reconocido como una consecuencia de las políticas neoliberales y tratados comerciales impuestos por EU sobre nuestro país”. Además, que mientras se dé la reforma migratoria a los migrantes se les considere exiliados económicos y no ilegales, “porque nuestras comunidades fueron desplazadas a causa de estas políticas económicas”. Y “que el próximo gobierno federal impulse un proyecto de desarrollo económico integral en nuestro país, enfocándose principalmente en las comunidades con mayor índice migratorio para hacer efectivo el ‘derecho a no migrar’ para que la migración no sea la única alternativa de sobrevivencia en nuestras comunidades”, entre otros (LER).