Más de un centenar de organizaciones defensoras de derechos humanos lamentaron que ayer se enviara al pleno de la Cámara de Diputados un proyecto de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) con dispensa de trámite y sin someterlo a un proceso de discusión amplio y abierto, como habían prometido los integrantes de la Comisión de Justicia.

Mediante una misiva, los colectivos advirtieron que la iniciativa presentada fast track tiene aspectos anticonstitucionales como la retención injustificada de personas, la actuación de agentes infiltrados sin orden judicial o la validación de pruebas ilícitas y fuera de juicio.

Pese a que un grupo amplio de organizaciones sociales y expertos en temas de seguridad habían participado desde marzo en una serie de encuentros con miembros de la Comisión de Justicia, incluido su presidente, Humberto Benítez (PRI), ayer se aprobó un dictamen regresivo y contrario al espíritu del sistema penal acusatorio.

Las organizaciones firmantes manifestaron su rechazo al documento por no ser consecuente con las reformas constitucionales en materia penal, de amparo y de derechos humanos, y por no haber sido sometido a una discusión abierta ante la sociedad civil, como ameritaba una disposición legal tan importante.

Asimismo, dijeron, no advertimos que se hayan retomado las propuestas que permitían detallar el modo en que la autoridad aprehensora debe actuar en una detención, con lo que aumenta el riesgo de detenciones arbitrarias.

Otro aspecto que generó inconformidad en los colectivos de derechos humanos fue que se mantiene la posibilidad de que el detenido sea entrevistado prácticamente por cualquier autoridad aprehensora –incluidas fuerzas armadas–, lo cual deja abierto el riesgo de prácticas de investigación ilegales, como la tortura, así como la desaparición forzada.

En la carta se afirma también que persiste la judicialización de las operaciones encubiertas, y se incluye la llamada prueba de referencia, que consiste en las declaraciones realizadas fuera del juicio oral para probar o excluir varios elementos del delito, y mediante las cuales se puede condenar a una persona.

Además, tampoco se recogieron las observaciones con respecto al esquema de los recursos en el nuevo sistema penal acusatorio, ni a las consideraciones de amplitud de criterio en el tema de la prisión preventiva, las cuales deberían ser las piedras angulares del nuevo CFPP.

Por todo ello, los colectivos reiteraron su exhorto de abrir una consulta pública en torno a la reforma de la mencionada disposición, y alertaron que el proyecto fue discutido “con una sospechosa secrecía, con prisas injustificadas y sacando la vuelta a los trámites que deben darse a toda ley en el proceso legislativo conforme a la Constitución”.

Luego de advertir al Congreso sobre los riesgos de menoscabar la reforma penal, las organizaciones adelantaron que la sociedad civil promoverá los medios y recursos necesarios para impugnar la inconstitucionalidad de esos contenidos.