yer, en el pleno de la Cámara de Diputados las bancadas del Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista y Nueva Alianza votaron la derogación de las leyes sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica y sobre la Celebración de Tratados y aprobaron la sustitución de ambas por una Ley General sobre la Evaluación y Aprobación de Tratados, la cual fue turnada al Senado de la República, el cual deberá ratificarla.

Como lo señalaron diversos legisladores de oposición, el documento legal que se pretende promulgar mutila gravemente las facultades senatoriales en materia de revisión de los acuerdos, convenios, tratados e instrumentos que el Ejecutivo federal celebre con otros gobiernos o con entidades extranjeras, reduce al Legislativo a una condición meramente testimonial o lo convierte en una suerte de notaría encargada de registrar y archivar los pactos que el gobierno federal quiera firmar con instancias foráneas.

El hecho es grave porque disiminuye los necesarios contrapesos a un Poder Ejecutivo que de por sí goza de sobradas facultades y poderes explícitos y de muchos otros implícitos o derivados, y los somete a la interpretación discrecional que el presidente en turno haga de las leyes y, en particular, del artículo 76 constitucional, el cual establece las potestades del Senado para conocer la política exterior y aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como para fijar límites a las decisiones del Ejecutivo en materia de desplazamiento de tropas fuera del país y a la presencia en él de fuerzas militares extranjeras.

Un ejemplo reciente y doloroso que ilustra claramente el escaso respeto a los preceptos constitucionales y legales, y la facilidad con la que el Ejecutivo federal puede encontrar rendijas jurídicas para eludir la aprobación senatorial prescrita, es la Iniciativa Mérida, firmada por George W. Bush y Felipe Calderón el 30 de junio de 2008 en la capital yucateca, impuesta sin la autorización formal del Senado, y que ha conducido a una alarmante serie de claudicaciones en materia de soberanía y es pieza central de una estrategia de combate a la criminalidad que, a casi seis años de su implantación, ha llevado a México a una situación catastrófica y a un colapso sin precedentes de la seguridad pública.

Antes, en el sexenio foxista, y en la plena histeria belicista que caracterizó a las administraciones de George W. Bush, el gobierno firmó su adhesión a la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN), en lo que constituyó una insensata alineación de México en un conflicto global (la guerra contra el terrorismo) que no le concierne.

La Iniciativa Mérida y el ASPAN no son casos aislados. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, durante la administración de Carlos Salinas, los instrumentos bilaterales y multilaterales signados por ese gobierno y por los siguientes se han caracterizado por la insistente cesión a instancias extranjeras de facultades y potestades que debieran ser exclusivas del Estado mexicano. Con esa tendencia en mente, debiera preservarse, e incluso fortalecerse, la capacidad del Senado para equilibrar decisiones gubernamentales que no necesariamente son positivas para el país, su independencia y su soberanía. Es indignante que la coalición de facto que ha gobernado desde 1988 –así se encuentre hoy coyunturalmente fracturada por razones de elección presidencial– haya operado, una vez más, en contra del interés nacional.