La Procuraduría General de la República (PGR) impugnó este miércoles el amparo que el primer tribunal unitario penal concedió a Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, por lo que la sentencia definitiva que cancele la única orden de aprehensión que pesa en contra del líder de ese gremio tardará al menos tres meses, revelaron fuentes judiciales.

Ayer, Gómez Urrutia fue notificado de que obtuvo un amparo que canceló una orden de captura por un delito bancario que implica la supuesta disposición ilegal de 55 millones de dólares pertenecientes al gremio.

En entrevista con este diario, Marco Antonio del Toro, representante legal de Gómez Urrutia, aseguró el pasado martes que el primer tribunal unitario en materia penal de la ciudad de México concedió la protección de la justicia federal para el efecto de que quede cancelada la medida cautelar.

La interpretación del representante legal respecto de los alcances del amparo no fue compartida por el abogado de los trabajadores del sindicato de mineros que presentaron la denuncia contra Gómez Urrutia.

Agustín Acosta, del grupo de disidentes a Gómez Urrutia, sostuvo ayer, en una carta aclaratoria, que el amparo no cancela en definitiva la orden de captura, y aseguró que sólo es para el efecto de que se dicte una nueva medida cautelar, una vez que sean subsanadas varias deficiencias de la primera orden de aprehensión.

Gómez Urrutia tiene más de seis años de vivir en Canadá, debido a que a nivel federal se libraron dos órdenes de captura, y tres en el fuero común por fraude, aunque las anteriores las libró mediante el amparo.

El delito que le imputan en esta última acusación es violación a la Ley de Instituciones de Crédito y constituye el único expediente por el cual la PGR tramitó su extradición.