En la penúltima sesión del periodo ordinario, el Senado regresó  a la Cámara de Diputados la Ley Federal de Justicia Penal para Adolescentes, norma que crea un sistema especial para juzgar a menores infractores con jueces y centros de reclusión específicos, así como garantías previstas en la Constitución.

Priístas y panistas acordaron aceptar las modificaciones que los diputados formularon a esta minuta, que data de 2009, cuando se votó por primera vez en el Senado. El perredista Pablo Gómez se opuso y planteó que se eliminara el cambio que la colegisladora hizo al artículo 127, ya que en su opinión atropella derechos de jóvenes internos en centros de reclusión.

El panista Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia, insistió en que la minuta se aprobara en sus términos, aunque esté mal redactada, a fin de que pudiera regresar a la Cámara de Diputados y que ésta la remita al Ejecutivo para su promulgación.

Dijo que ya no hay tiempo y se trata además de una legislación secundaria que permitirá  echar a andar la reforma al artículo 18 constitucional, aprobada en diciembre de 2005.

Pablo Gómez consideró que pese a todo no se debía aprobar una norma “oscura y mal redactada que violenta la Constitución y derechos de los adolescentes, a los que presuntamente se pretende proteger con esa ley.

La modificación que se hizo en San Lázaro al artículo 127, permite que la Secretaría de Seguridad Pública y los titulares de los centros de internamiento adopten medidas que involucren cambios en la situación jurídica de adolescentes, en los casos en que se ponga en riesgo la integridad de quienes se encuentran en el centro, o el orden y la seguridad de los mismos.

Recalcó que en el sistema jurídico mexicano a ninguna autoridad se le permite tomar decisiones que comprometan los derechos de las personas que tienen bajo su custodia. Eso, agregó, es eliminar la resolución judicial y atropellar los derechos de los jóvenes internos.

Pese a la argumentación, la mayoría integrada por los senadores de PRI y PAN desechó la propuesta del perredista y el dictamen fue aprobado en sus términos y se remitió a la Cámara de Diputados.

Se establece que en ningún caso se podrá aplicar al adolescente o adulto joven la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. La legislación sólo contempla la pérdida de la libertad en casos de delitos graves, como narcotráfico, secuestro y terrorismo. El internamiento se aplica además a jóvenes de 14 años cumplidos y menores de 18.

Ayer se desahogó de nuevo una agenda de 99 puntos, 62 de ellos dictámenes para su aprobación y 11 quedaron en primera lectura. Se reformó también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de promover la dignificación del sistema penitenciario mediante el trabajo comunitario.

Asimismo, el Senado formuló cambios a la Ley de Migración, para crear el servicio profesional de carrera migratoria y garantizar que el personal actúe con estándares internacionales.