Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de preservar la vida y seguridad de quienes por dedicarse a esas actividades se encuentran en riesgo.

Con la aprobación de esta ley se crea el Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas, para su salvaguarda ante amenazas, intimidaciones y hostigamiento de que sean objeto por el ejercicio de su actividad.

Se destaca en el nuevo ordenamiento aprobado ayer que en caso de amenazas de muerte a defensores y periodistas, se dictarán medidas urgentes de prevención en un plazo no mayor a tres horas, contadas a partir del ingreso de la solicitud de protección, con la finalidad de garantizar realmente la integridad del amenazado.

Las medidas urgentes de prevención incluyen protección policiaca, uso de escoltas, autos blindados, chalecos antibalas, evacuación e incluso reubicación temporal. La protección, se detalla en la ley, será para ellos y sus familiares, y las dictará la junta de gobierno, que será la máxima instancia de dicho mecanismo.

Además de las medidas urgentes, se incluyen acciones de protección que incluyen la entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital; cámaras, cerraduras, luces u otras medidas en las instalaciones de un grupo o casa de una persona; detectores de metales y demás elementos que se requieran.

En el artículo 24 de la ley referida se precisa que las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión, o en aquiescencia, se dañe la integridad física, sicológica, moral o económica de: defensor de derechos humanos o periodista; cónyuge, concubina, descendientes, ascendientes; personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización o movimiento social, entre otros.

Se señala en la ley referida que el mecanismo de protección será operado por la Secretaría de Gobernación y estará integrado por una junta de gobierno, un consejo consultivo y una coordinación ejecutiva nacional.

La elaboración de esta ley tardó más de dos años en concretarse, y fueron consultados la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), organizaciones no gubernamentales, de periodistas y expertos.

En tribuna, el legislador panista Ricardo García Cervantes aseveró que las situaciones de amenaza, hostigamiento y muerte que han padecido defensores de derechos humanos y periodistas ha sido la razón por la cual el Senado ha legislado. Citó los casos de Marisela Reyes, activista que ha padecido el asesinato de siete integrantes de su familia y continúan las amenazas; asimismo, las ejecuciones de Nepomuceno Moreno Núñez, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y de Agnes Torres Hernández, en Puebla. Las amenazas de muerte contra Norma y María Luisa Andrade, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa; del sacerdote Alejandro Solalinde, y de las amenazas a la periodista Anabel Hernández.

García Cervantes destacó en tribuna que estos y otros casos que no han sido documentados no deben quedar impunes; es una exigencia que los asesinatos de defensores y periodistas no sean sólo estadísticas.

El perredista José Luis Máximo García Zalvidea dijo que en el gobierno de Felipe Calderón 63 periodistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados, seis entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011, y comandos armados, grupos paramilitares y policías y militares estarían implicados en los operativos para acabar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia y la equidad.

También se aprobaron reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a efecto de que el Consejo nacional para Prevenir la Discriminación pueda imponer medidas de responsabilidad en caso de incumplimiento de sus acuerdos.