Quienes participaron en el proceso lo reivindican como un éxito de la economía real. Ocurrió a finales de 2010 y constituye una de las contadas ocasiones en que la multinacional Wal-Mart tuvo que asumir el rechazo a la instalación de una de sus tiendas en territorio mexicano.

Lo importante fue que una comunidad discutió abiertamente y adoptó una decisión respecto de las ventajas y desventajas de la instalación de una tienda de Wal-Mart, explica María Luisa Albores, quien formó parte del Comité del Ordenamiento Territorial Integral (Cotic) de Cuetzalan, una comunidad de mayoría indígena en la Sierra Norte de Puebla, a 180 kilómetros de la capital del estado.

El trabajo del Cotic fue determinante para articular el sentir de los habitantes de Cuetzalan cuando Wal-Mart inició el proceso para instalar una tienda en dicha comunidad en 2010. Claro que hubo presiones de todo tipo a las autoridades por parte de la empresa para obtener el permiso para instalarse, el de uso de suelo y la compra de un terreno, recuerda Álvaro Aguilar, otro integrante del comité.

Una piedra en el zapato

Wal-Mart es objeto de una investigación penal por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que indaga si violó la ley contra prácticas corruptas en el extranjero, que prohíbe a compañías de ese país sobornar a autoridades de otros estados para obtener ganancias en los negocios.

El sábado pasado, The New York Times reveló que Wal-Mart sobornó a autoridades mexicanas por al menos 24 millones de dólares para ampliar su participación en el mercado nacional, donde domina las ventas al menudeo. El inicio de la investigación fue informado el lunes por The Washington Post. Las autoridades federales mexicanas no han dicho si realizan alguna pesquisa.

Cuetzalan es una piedra en el zapato de la expansión de Wal-Mart en México. La empresa logró asentarse junto a la zona arqueológica de Teotihuacán, en el estado de México, y ha puesto bandera prácticamente en cada centro urbano o ciudad media del país.

Mucho sirvió en la experiencia de Cuetzalan el trabajo realizado por un comité de ordenamiento territorial, la experiencia de que todas las consultas fueron públicas y las sesiones del cabildo en que se discutió fueron abiertas a la sociedad, recuerda Álvaro Aguilar, en conversación con este diario la tarde de ayer. El resultado que se observó en Cuetzalan se debe a la organización de la población, dice.

Cuetzalan es una localidad con población mayoritariamente indígena, sobre todo nahuas y totonacas. Con una arquitectura colonial, de calles empinadas, es considerado pueblo mágico, según la caracterización que hace la Secretaría de Turismo de las localidades con riqueza cultural y arquitectónica.

Una de las organizaciones que contribuyó a articular la acción contra la apertura de una tienda Wal-Mart en Cuetzalan fue la cooperativa Tozepan Titataniske (Unidos Venceremos, en náhuatl), a la que pertenecen Álvaro Aguilar y María Luisa Albores.

En Cuetzalan, tanto la cooperativa como otras organizaciones de productores, la mayoría indígenas, solicitamos al cabildo, hace más de dos años, un estudio de ordenamiento territorial integral. Para hacerlo se consultó de manera abierta a la población sobre la forma de aprovechar los recursos naturales y conservar la cultura de la zona, así como encontrar la manera de lograr un crecimiento armónico con la naturaleza, explica.

El estudio fue discutido y dictaminado en sesiones abiertas de cabildo. Cuando se aprobó, recuerda Aguilar, el entonces alcalde Manuel Morales Soto, del PRI, “nos dijo: ‘ya está aprobado el ordenamiento y ahora el primer trabajo que tienen es esta solicitud de Wal-Mart para instalarse aquí’”.

Fue así como el comité encargado de vigilar la aplicación de las normas se vio inmerso en la discusión. Lo que hicimos fue analizar las reglas del ordenamiento, la cuestión cultural de la zona y lo que traería consigo la instalación de una tienda de estas, recuerda.

Analizaron pros y contras. La trasnacional ofreció crear 60 empleos, y ya sabemos de qué calidad de empleos hablaban. Pero la comunidad vio en riesgo la forma de vida de centenares de familias que han vivido bajo una organización económica que rescata prácticas indígenas ancestrales.

A cambio de 60 empleos iban a desaparecer más de 500 negocios tradicionales: panaderías, misceláneas, carnicerías y ferreterías, dice Aguilar.

Estaba en riesgo la forma de vida, el sustento de 2 mil familias, apunta Albores.

El estudio para determinar si se autorizaba el permiso a Wal-Mart tardó cuatro meses. En el ordenamiento territorial nosotros decidimos privilegiar la agricultura orgánica y eso no cabía con la presencia de Wal-Mart, dice Aguilar. Aquí llegan dos tianguis a la semana, jueves y domingos, en los que los habitantes de la región venden o intercambian sus productos. ¿Qué iba a pasar con ellos? También valoramos la cuestión cultural: “La comunidad festeja a sus muertos el 2 de noviembre y nos iban a llevar por el camino del Halloween”.

Por eso el dictamen concluyó que no era pertinente conceder permiso de uso de suelo a Wal-Mart para instalarse en Cuetzalan.

El punto que hizo diferente la experiencia de Cuetzalan respecto de lo ocurrido en otras comunidades o ciudades del país es que aquí hubo información y discusión pública. Se informó bien a los ciudadanos sobre las prácticas de la empresa, la forma en que acaba con los pequeños negocios y los productores locales, explica Albores. Conservar una estructura tradicional, enfocada a la agricultura orgánica y a las prácticas comunitarias de relación económica fue mejor valorado por los habitantes que la oferta de tener acceso a bienes de consumo a precios relativamente más bajos.

“A final de cuentas –dice Albores– lo que ocurrió aquí fue un éxito de la economía real, en la que participan cientos de negocios y de personas.”