Monterrey, NL, 23 de abril. Gracias a un amparo que le otorgó la justicia federal, la cadena Wal-Mart construyó en 2009 un centro comercial en el municipio conurbado de San Pedro Garza García, en un terreno donde estaba expresamente prohibido el uso comercial.

La Secretaría de Desarrollo Urbano de la administración del entonces alcalde Fernando Margain Berlanga expidió la autorización para construir el centro comercial, en un predio destinado a servicios como escuelas u hospitales, usando como recurso una fe de erratas para alterar los usos de suelo del municipio. El cabildo no conoció, aprobó ni ratificó los cambios.

La matriz de compatibilidades, antes de la alteración, prohibía expresamente comercios de gran superficie, de autoservicio y de alto impacto en ese predio ubicado en la avenida Gómez Morín; aun así, Wal-Mart lo adquirió.

Las irregularidades fueron denunciadas por un grupo de ciudadanos agrupados en la Federación de Colonias Metropolitanas mediante dos demandas, una administrativa y otra penal, presentadas ante el Ministerio Público el 12 de marzo de 2010, por contravenir el Plan de Desarrollo Urbano municipal y por la ilegalidad del permiso de construcción.

Wal-Mart se amparó contra la resolución del juez que ordenó suspender la construcción, y continuó realizándola. Adicionalmente promovió una demanda contra los vecinos afectados, organizados en la Federación de Colonias Metropolitanas, para intimidarlos y que se desistieran de la acción judicial.

En marzo de 2011, tras la apertura de la tienda y más de un año de investigación, el nuevo alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, cerró el caso. Dijo entonces que la cadena se salvó de cualquier sanción debido a que durante todo el tiempo que duró la construcción se mantuvo amparada para evitar la suspensión de la obra.

El alcalde precisó que lo único que el ayuntamiento podía hacer era aplicar sanciones a los funcionarios de la administración anterior que dieron los permisos, pero carecía de facultades para cerrar el supermercado.

La contraloría del ayuntamiento en la administración de Fernández inhabilitó a su vez, en mayo de 2011, al ex director jurídico de San Pedro, José Humberto Sánchez Gutiérrez; a la ex secretaria del ayuntamiento, María Emilda Ortiz; al ex secretario de desarrollo urbano, Javier Maiz; a la ex directora de administración y control urbano, Patricia Chapa, y a Eduardo Elías, ex director jurídico de desarrollo urbano.