La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) apremió al gobierno capitalino a verificar que Wal-Mart cumplió con la norma en materia de uso de suelo para instalarse en la ciudad con sus diversas denominaciones, y en caso de detectar anomalías encarcelar a los funcionarios involucrados, pues atenta contra los micro y pequeños negocios ubicados a su alrededor.

Luego de la denuncia del pago de sobornos en México, las autoridades estadunidenses están obligadas a informar a sus homólogas locales sobre esa investigación para proceder en consecuencia, pues el crecimiento de esas tiendas ha sido exponencial, lo que pone en riesgo muchas economías locales por la competencia desleal y depredadora, afirmó la diputada perredista Aleida Alavez.

No podemos quitarle el derecho a instalarse, pero debe cumplir una serie de restricciones, como no estar cerca de mercados públicos o concentraciones de comerciantes, y construir en avenidas primarias con uso de suelo mixto, lo que provocó que diversas cadenas comerciales interpusieran amparos, que no prosperaron, pero esta denuncia obliga al Gobierno del Distrito Federal a actuar ya, señaló.

El presidente de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la ALDF, Guillermo Sánchez Torres, dijo que en la ciudad de México es complicado sobornar porque contamos con una ley de desarrollo urbano de avanzada, con la que los particulares pueden solicitar la modificación de uso de suelo mediante el famoso artículo 41, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos, y en caso de no responder procede la afirmativa ficta, con lo que se evita que muchos casos se queden en el limbo, como ha sucedido.

Señaló que hasta el momento se tienen 59 solicitudes, pero ninguna de tiendas de autoservicio o de conveniencia, sino hospitales, clínicas y restaurantes, las cuales serán analizadas esta semana, pues no significan ningún riesgo en materia de dotación de servicios. Es un trámite largo y no debemos olvidar que hay empresas cuya solicitud tiene 10 años, comentó.

Mencionó que de ciento por ciento de uso de suelo solicitado, 80 por ciento son construcciones terminadas que son objeto de extorsión por funcionarios delegacionales, quienes saben que no tienen uso de suelo y están al acecho; sin embargo, es necesario que el gobierno investigue lo referente a Wal-Mart.

La digitalización de los permisos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) evitaría cualquier resquicio para la corrupción, más que una nueva reforma a la ley en la materia; así como endurecer las sanciones contra quienes violen el uso de suelo con documentos apócrifos, que normalmente salen de las áreas de obras y licencias de las delegaciones, haciéndolos pasar como derechos adquiridos de hace 20 años, expresó.

Los también diputados perredistas Alejandro Sánchez Camacho y Alejandro López Villanueva reconocieron que no se puede generalizar esa situación, porque cada delegación es diferente, pero la Seduvi y el Instituto de Verificación Administrativa tienen la obligación de revisar con lupa los permisos otorgados a la cadena de autoservicios, para no dejar dudas.