a presidenta de Argentina sacudió a la opinión pública mundial con la expropiación del petróleo argentino (La Jornada, 17/4/12). La expropiación busca dar al país libertad sobre su política energética, para luego enviar al Congreso el proyecto, y se espera que su aprobación será bien rápida para que de esta manera quede confirmado el acto nacionalista.

Es claro que, por asociación de ideas, de inmediato se suscitaron los comentarios que establecieron, en alguna medida, la semejanza que, en primera instancia, pudo haberse pensado que la expropiación del petróleo, en el país que comparte la punta del cono sur con Chile, se parece a la de México; sin embargo, ya en una segunda revisión, se advierten diferencias fundamentales con las circunstancias que se dieron en 1938.

La expropiación propiamente dicha, como es bien sabido, sucedió en 1938, en la noche del 18 de marzo, cuando Lázaro Cárdenas dio lectura a un manifiesto en Palacio Nacional, acompañado de los miembros del gabinete que habían sido cuidadosamente citados por quien entonces era el secretario particular del presidente, Raúl Castellano, un hombre de toda su confianza, y de una probada lealtad que no se interrumpió nunca hasta el día mismo de la muerte del general, el 19 de octubre de 1970.

Don Raúl tenia instrucciones precisas del presidente de citar a todos los miembros del gabinete sin que se percataran de que iban a tener una reunión colectiva, sino crear la impresión de que iban a ser recibidos en acuerdo individual. El presidente Cárdenas era extremadamente cuidadoso de todos estos detalles. Él sabía que estaba siendo observado minuciosamente en todas sus acciones por los representantes de la empresas petroleras, a quienes se dejó pensar que el gobierno respondería con una intervención a su actitud rebelde frente a las mismas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que en el conflicto planteado había ya emitido un fallo que condenaba a pagar 17 millones de pesos, y que las empresas declararon no estar en situación financiera de cumplir, por lo que plantearon ellas mismas y que se denomina precisamente conflicto de orden económico, cuando se da el caso en que verdaderamente no les es posible a los patrones acceder a pagar la cantidad de dinero que queda definida por los órganos institucionales a los que corresponde esta función, desde la junta de conciliación y arbitraje hasta el máximo tribunal de la nación, que es la Corte.

En el texto del manifiesto que leyó el presidente Cárdenas se dice que las empresas se habían declarado en rebeldía al negarse a pagar esa cantidad al sindicato, la cual se consideró por los expertos en materia petrolera que era insignificante en relación con el orden de las magnitudes que expresaban el valor del petróleo extraído y exportado por las empresas, por lo que era realmente inexistente el conflicto de orden económico, pues sí estaban las empresas en condiciones de pagar la cantidad que la Corte condenó a entregar a los obreros sindicalizados.

La conclusión a que Lázaro Cárdenas llegó en ese texto dado a conocer por radio a la nación fue terminante: las empresas violaban con su actitud de rebeldía ante el máximo tribunal de la República la propia soberanía nacional, lo cual era absolutamente inadmisible para el gobierno y el pueblo de México.

Tan era posible que las empresas pagaran los 17 millones de pesos, que ya en los momentos en que estaba por iniciarse la transmisión se habían anunciado con Raúl Castellano los representantes de las compañías, las que ya no fueron recibidas por el presidente, para comunicarle que estaban dispuestos a cumplir con el fallo de la Corte, pues de alguna manera habían percibido ya que la decisión del gobierno iría bastante más allá de la sola intervención, como quedó demostrado momentos después de su pedimento de audiencia, negada por Castellano. Puede afirmarse, sin temor a equivocarnos, que los representantes de las compañías se encontraban en la antesala presidencial de palacio cuando se estaba ya dando lectura al documento al que nos referimos.

Ese manifiesto encomendó redactarlo el general Cárdenas al también divisionario Francisco J. Múgica, el 9 de marzo anterior, cuando el presidente se encontraba en el estado de Morelos, inaugurando el ingenio de Zacatepec. Al pasar por la finca de Palmira, el presidente detuvo la comitiva, y allí, a un lado del camino, comunicó al general Múgica su decisión de expropiar los bienes de las empresas petroleras. Y le confió la tarea de redactarlo, personalmente, y sin que nadie más se enterara. Únicamente lo supo quien fue comisionado para escribirlo a máquina, el taquígrafo mecanógrafo personal del presidente, Miguel Chávez García. Ambos regresaron al Distrito Federal para instalar una oficina totalmente privada en la torre del Castillo de Chapultepec, donde habrían de trabajar con toda la confidencialidad del caso. Se quemaban los papeles carbón y también las cintas de las máquinas de escribir, y por supuesto, a nadie más que a estos dos excepcionales mexicanos les era permitida la entrada.

Las instrucciones eran, como de costumbre, claras y precisas: se le encomendaba redactar un documento que llegara a las fibras más emotivas de los mexicanos, que expresara también con toda claridad cuál era la situación que enfrentaban pueblo y gobierno de México.

La deuda contraída por el gobierno mexicano se pagó inicialmente con gallinitas, puercos de engorda y anillos incluso de matrimonio, y joyas de las señoras que las tenían, y todo fue donado como contribucón personal o familiar para respaldar la acción gubernamental.

En lo que hace al entorno internacional, Cárdenas tenía los informes de todos sus embajadores en el extranjero: la Segunda Guerra Mundial era un hecho. Solamente este pendejo dice que no va a haber guerra, confió el general a Efraín Buenrostro en Palmira. Y así fue como el presidente Cárdenas sorteó la grave situación internacional que se planteaba a consecuencia de la expropiación.

¿Piensa todavía, generoso lector, que son comparables las situaciones de Argentina en 2012 con las de México en 1938?