El general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, asesinado el viernes, fue icono de una generación de militares, policías y funcionarios que cometieron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura en aras de una política contrainsurgente de la cual ningún gobierno se ha deslindado aún, desde la década de los sesenta hasta la fecha, con priístas o panistas por igual, señala el presidente de la recién creada Comisión de la Verdad en Guerrero, Nicomedes Fuentes García.

De las cabezas más visibles de ese autoritarismo manchado de sangre, quizá era el último que quedaba vivo, anota.

Muchos otros brazos ejecutores han muerto de viejos o por enfermedad: Francisco Quirós Hermosillo, Francisco Sahagún Baca, Salomón Tanús, Miguel Nazar Haro y, en Guerrero específicamente, Isidro Chiro Galeana, Wilfredo Castro Contreras, así como Rubén Figueroa.

Fuentes García, que en los años 60 pasó a la clandestinidad después de caer preso y se sumó a la lucha en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, agrupación que en su momento intentó integrarse al Partido de los Pobres, asegura que estas figuras del Estado represivo “le deben mucho al país y tienen que ser investigadas post mortem”.

La penalista Pilar Noriega, también comisionada de este órgano constituido por el Congreso de Guerrero, aclara que si bien una persona muerta no puede ser juzgada, queda aún el recurso de la recuperación de la memoria histórica, que en casos como éste, en el que están involucrados incluso delitos de lesa humanidad, es de vital importancia.

De ahí, agrega, que documentar los hechos delictivos en que intervinieron represores como Acosta Chaparro y otros, y difundirlos, es aún un proceso pendiente que tiene que culminar, justamente para evitar que se repitan.

Otro integrante de la Comisión de la Verdad, el ex rector de la Universidad de Guerrero Enrique González Ruiz, recordó que Acosta, lo mismo que su jefe, el general Quirós Hermosillo, fueron detenidos y juzgados –y a la postre exonerados– en el fuero castrense por vínculos con el narcotráfico.

Pero también debieron haber sido juzgados por sus crímenes contra opositores y ciudadanos inocentes, y eso nunca ocurrió, expuso.

Para González Ruiz, el ex militar asesinado, quien se jactaba de haber servido al país con sus prácticas genocidas, pudo vivir el resto de sus días impune frente al sistema judicial porque fue un soldado del PRI, pero también hizo buenas migas con el PAN. Bajo gobiernos panistas su nombre fue reivindicado después de salir de la prisión militar.

Señala Fuentes García: el Estado mexicano se pinta solo para garantizar la impunidad de los delitos contra la humanidad de aquella época. Nunca hubo voluntad política para hacer justicia, esclarecer los hechos o reparar el daño a los familiares de las víctimas.

Sobre la continuidad de la responsabilidad del Estado, Fuentes insiste que no es atribuible sólo a los gobiernos que emanaron del PRI.

Cuando la alternancia, Vicente Fox generó esperanzas de que se podría transitar hacia la justicia, pero no fue así. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) no produjo ningún resultado, ni siquiera para arrojar luz sobre el paradero de los desaparecidos, mucho menos para resarcir el daño a las familias de las víctimas.

A su vez, González Ruiz puntualiza que las instituciones actuales profesan la misma doctrina, las mismas ideas de antes. Las nuevas generaciones de mandos militares y policiacos son más elegantes, usan corbata y hasta fueron a las universidades. Pero el fondo, un Estado estructuralmente represor en el que la impunidad es la regla, no ha cambiado.

Sobre los casos de desaparición forzada o ejecución extrajudicial en que Acosta Chaparro pudiera haber tenido responsabilidad directa, no hay datos precisos. Los números de víctimas en Guerrero varían según la fuente. Se habla de 600 desaparecidos; Eureka y Afadem tienen documentados 532; a la Femospp llegaron 730 casos.

Nicomedes Fuentes sostiene: el hecho mismo de que no se tenga una relación exacta de las víctimas es parte de la tragedia y de la justicia pendiente.