l 17 de abril de 1996, siendo Fernando Henrique Cardoso presidente de Brasil, tropas de la policía militar autorizadas por el gobernador Almir Gabriel (PSDB-Pará), y financiadas por la empresa Valle do Río Doce (como denunció más tarde en el proceso el abogado de los policías...), atacaron una marcha pacífica de más de mil familias de los sin tierra que salieron de Eldorado dos Carajás con rumbo a Belén.

El resultado de la masacre todos lo conocen –hasta las piedras–, 19 sin tierra asesinados, algunos con excesos de crueldad, pues tras ser maniatados fueron muertos a culatazos. Otros dos murieron algunos meses después y más de 60 sufren las secuelas hasta hoy y quedaron imposibilitados para el trabajo agrícola.

La sociedad brasileña quedó aterrorizada. La ONU, los obispos, el Papa y los orixás clamaron por justicia. Los movimientos campesinos de todo el mundo escogieron entonces el día 17 de abril como el día mundial de la lucha campesina, en homenaje a aquellos mártires.

Un lento proceso se siguió en la justicia paraense, que culminó con la conformación de un jurado popular que en 2002 condenó a los dos principales comandantes militares a penas de más de 200 años de prisión. Los comandantes apelaron. El Poder Judicial acogió el pedido. Y luego, el silencio. Pasados 16 años de la masacre, ¡ningún responsable directa o indirectamente ha sido apresado, castigado o ha sufrido algún tipo de restricción por parte de la justicia brasileña!

Por esas y otras razones es que el pueblo brasileño, por mucho, considera al Poder Judicial el más injusto, el más antidemocrático, el más corporativo y el más servil a los intereses de la burguesía. Como dice el dicho popular, ¡la cárcel en Brasil está hecha para los pobres y negros!

Pero algún día tendremos una reforma del Poder Judicial para que por fin cese la vergüenza de las injusticias, de los salarios inmorales, de las ventajas y de las infiltraciones denunciadas incluso por el Consejo Nacional de Justicia.

Felizmente, los supervivientes fueron asentados en un latifundio de 50 mil hectáreas, que hasta entonces el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) decía ser productivo, y que hoy constituye la más productiva y progresista comunidad rural del municipio de Eldorado dos Carajás, el distrito 17 de abril.

Mientras tanto, ¿dónde está la reforma agraria?

El capital agrario y las corporaciones trasnacionales están nadando a sus anchas en la agricultura brasileña. Tras la crisis del capitalismo internacional, los precios medios de las commodities agrícolas se duplicaron. Eso representó un enorme aumento en la tasa de ganancia, y una corrida de los capitalistas de todo el mundo para comprar tierras en Brasil, y en América Latina, y controlar la producción de las mercancías agrícolas.

Resultado: Brasil experimentó en años recientes el mayor índice de concentración de tierras de todos los tiempos. Está en curso una enorme concentración de la producción agrícola, que destina 85 por ciento de todas las tierras agrícolas a sólo cuatro productos: soya, maíz, caña y ganadería. La economía brasileña retornó a los tiempos coloniales y se volvió agro-exportadora, mientras la industria cae y representa sólo 15 por ciento del PIB.

El agronegocio concentra tierras y producción. Aumenta su dependencia de los fertilizantes importados, que en 2011 alcanzó la cifra de 28 millones de toneladas. Se transforma así a Brasil en el mayor consumidor mundial de venenos agrícolas que contaminan el suelo, las aguas y hasta la atmósfera, matan vegetales y animales; el cáncer prolifera, se registran más de un millón de casos por año, de los cuales, según el Instituto Nacional del Cáncer, ¡solamente 40 por ciento sobrevivirán!

El agronegocio desequilibra el medioambiente con la deforestación y destruye la biodiversidad. Altera el clima. Pero sigue ganando mucho dinero.

¡Todo eso es saludado por la prensa burguesa como el éxito del progreso!

¿Y el gobierno?

Entre tanto, el gobierno aún no toma posición en el tema agrario, y cuando se manifiesta es para decir cosas sin sentido, como esa repetición absurda de que la reforma agraria no es distribuir tierras, que primero tenemos que mejorar la calidad de los asentamientos.

Sería como decir a las 10 millones de familias brasileñas que habitan viviendas precarias, que el gobierno no va a construir más casas, que primero prefiere mejorar las casas de los que ya las tienen.

Señores gobernantes: busquen en el diccionario de la educación del campo, recién editado por la Fiocruz o en Aurélio: reforma agraria es un programa gubernamental en el que el Estado expropia las grandes propiedades, los latifundios, y los distribuye entre los agricultores sin tierra, promoviendo la democratización de la propiedad rural en el país.

Todos los países del hemisferio norte, todas las democracias contemporáneas realizaron reformas agrarias, democratizando el acceso a la tierra como base para la construcción de sociedades más democráticas. Finalmente, la tierra es un bien de la naturaleza, y todos los ciudadanos tienen los mismos derechos sobre ella, así como tienen derecho a la alimentación, al empleo, a la vivienda digna y a la educación.

Como no quieren hacer una verdadera reforma agraria, inventan subterfugios de ocasión. ¡Sean más sinceros, por lo menos! Y menos absurdos, porque los grandes propietarios de tierra, las empresas trasnacionales y el agronegocio, siempre hicieron campaña y financiaron a los candidatos neoliberales y contrarios a los gobiernos de Lula y Dilma.

(Traducción Alai)

*Joao Pedro Stedile es integrante de la coordinación nacional del MST y de la Vía Campesina de Brasil