Con una ley minera que lesiona los intereses nacionales y abre la riqueza nacional a la explotación extranjera, los megaproyectos mineros en México sólo han generado contaminación, destrucción ambiental y desintegración del tejido social, afirmaron investigadores y activistas sociales, quienes agregaron que las trasnacionales no pagan ni el impuesto predial. Por hectárea, entregan al fisco entre 5 y 111 pesos, sin importar si lo que extraen es oro o tezontle.

Al participar en el seminario Megaproyectos mineros, devastación ambiental y derechos humanos, aseguraron que estas empresas no han generado empleos ni desarrollo para las comunidades; por el contrario, prácticamente no entregan impuestos, no hay inversión tecnológica y la riqueza que extraen se la llevan del país.

Jorge Pelaez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, destacó que las empresas mineras casi no declaran ningún tipo de gravamen. No pagan el impuesto sobre la renta porque lo hacen en sus naciones de origen; tampoco tributan por la extracción del mineral sobre su valor de venta, mientras sólo pagan 2 por ciento de gravamen por conceptos de nóminas.

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Andrés Barreda, investigador de Facultad de Economía, enfatizó que las empresas mineras se han especializado en la ingeniería de conflictos. Con el apoyo de sociólogos y antropólogos, detectan cuáles son los problemas que existen en las comunidades para aprovecharlos y apoyar a un grupo, prometiendo beneficios, empleo y dinero, a fin de que se confronten.

El primer paso, explicó, es generar una confrontación política, para luego introducir armas y que terminen asesinándose unos y otros. Si las comunidades muerden este anzuelo y responden, entonces las empresas pueden escalar el conflicto, lo que puede generar desplazamientos y expropiación de sus tierras.

Frente a la creciente explotación de los recursos naturales, la contaminación de tierras y agua, así como la destrucción del tejido social en las comunidades, aseguró José Luis Abarca, del movimiento de la megaminería tóxica, debemos seguir organizados y coordinados para enfrentar una lucha que es de todos y no sólo de los pueblos indígenas.

En el encuentro, donde también se presentó el libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, de Francisco López Bárcenas y Mayra Eslava Galicia, Arturo Burnés, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, alertó que 80 por ciento del territorio nacional tiene potencial para la explotación minera. Al menos, dijo, 20 por ciento ya es sujeto de exploración y extracción. De estos proyectos, afirmó, ocho de cada diez tienen participación minera canadiense.

Destacó que respaldadas por una ley de minería que considera como actividad pública la extracción de la riqueza de la tierra, en las comunidades, las trasnacionales ni siquiera pagan el impuesto predial.

Por ello, Barreda, enfatizó que es urgente generar una denuncia masiva que convoque a la sociedad, como ocurrió en Argentina y en Colombia, porque sólo unidos y coordinados podemos enfrentar una situación catastrófica en lo social, ambiental y económico.