Organizaciones internacionales expresaron apoyo al proceso legislativo de instauración de un mecanismo de protección para los defensores de los derechos humanos y periodistas en México y exhortaron al gobierno a garantizar la aplicación de dicho instrumento.

En una carta dirigida al Congreso de la Unión así como a la Secretaría de Gobernación, resaltaron que los activistas y los comunicadores siguen siendo sujetos de actos de intimidación, acoso judicial, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, agresiones físicas, desapariciones forzadas y asesinatos, debido a las actividades que realizan en defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo.

La preocupación por la falta de protección a dichos sectores ha sido expresada en diversos organismos internacionales.

Tanto el Examen Periódico Universal de México de 2009, como la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que en la década reciente México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

La misiva, suscrita entre otros por Amnistía Internacional, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) Francia y Brigadas Internacionales de Paz, también advierte que la falta de adecuación y eficacia de las actuales medidas de protección explica la severidad, la frecuencia y la impunidad de los abusos que sufren defensores y periodistas.

De hecho, indica el texto, los afectados han reportado deficiencias en la aplicación de medidas de protección, falta de coordinación entre los organismos estatales que participan en la implementación de las medidas y deficiente seguimiento puntual de las obligaciones asumidas.

De ahí, señalan, la importancia de que tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprueben el dictamen respectivo, a fin de lograr un avance importante en el contexto legal y para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos, más allá del resultado del proceso electoral, apuntaron las agrupaciones.