Las graves implicaciones político-electorales contenidas en la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión promovida por el diputado perredista Armando Ríos Piter propiciaron un cambio de señales en San Lázaro, donde se detectaron deficiencias técnicas y la evidente violación a la Constitución en el procedimiento aprobatorio de la propuesta del PRD, por lo que se devolvió el texto a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para ser reformulado.

El dictamen que reforma la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía, aprobado acríticamente y sin mayor análisis por el pleno camaral el pasado 12 de abril, regresó a la citada comisión al confirmarse la violación al artículo 105 constitucional. Esta norma subraya que no pueden entrar en vigor reformas electorales tres meses antes de un proceso electoral.

Como este diario publicó la semana pasada, el pleno de la Cámara de Diputados dejó pasar el proyecto de decreto y lo aprobó bajo el sustento de garantizar a las radiodifusoras indígenas mayores derechos, pero en el fondo facilitaba a las televisoras y radiodifusoras privadas rechazar los tiempos oficiales correspondientes al Estado.

Es decir, se trataba de que un enlace entre dos estaciones se considerara una cadena regional o nacional, para reducir así los tiempos de transmisión que le corresponden al Estado. En su momento Jaime Cárdenas Gracia (PT) advirtió sobre el peligro de acrecentar el poder casi omnímodo de las televisoras porque, “cuando haya cadena, se dan por cumplidas las pautas correspondientes a tiempos del Estado, con el argumento de que es suficiente que la estación originaria demuestre el cumplimiento respectivo.

“Con la reforma el resto de las estaciones de un consorcio ya no tendrán la obligación de transmitir espots del gobierno o de los partidos políticos, lo que constituye una redición de la ley Televisa.”

El jueves pasado, con límite del quórum, el pleno de la Cámara dispensó todos los trámites para el dictamen. Se presentó hace tres semanas, el 22 de marzo, de manos del hoy candidato a senador por Guerrero Armando Ríos Piter. El mismo día se turnó a la comisión, que supuestamente la dictaminó el 27; aunque en esa fecha no había convocatoria para sesionar se circuló a hurtadillas, para recabar la firma de los integrantes de esa instancia, que la envió de inmediato al pleno, el cual la dejó reposar en el receso de Semana Santa, y el jueves 12 se votó y envió la minuta al Senado para su ratificación.

El aparente beneficio a las comunidades indígenas consistía en que se les consideraba sujetos para operar estaciones de radio, pero sólo bajo la figura de permisionarios. El dictamen se explaya en los considerandos sobre los derechos de las comunidades, así como en la obligación de los concesionarios de radio y televisión de no transmitir programas violentos, y de promover el respeto a los derechos humanos así como a una alimentación sana para combatir la obesidad.

La trampa de Ríos Piter se detectó en la reforma al artículo 49 bis, porque en su redacción se considera lo siguiente: Dos o más estaciones podrán ser operadas bajo la figura de red o cadena, ya sea regional o nacional. La figura de red o cadena se refiere al enlace o a la retransmisión del contenido programático que se origine en la estación que para tal efecto sea designada como la estación de origen, mediante la notificación correspondiente a la comisión. En una misma red o cadena se podrán enlazar únicamente estaciones de la misma naturaleza y propósito, ya sean concesiones o permisos.

Así, a marchas forzadas, el pleno camaral trató de resolver el enorme gazapo y, al abrigo del artículo 93 del reglamento interno, regresó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía la contrarreforma electoral.

Sobre el particular, la coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Mary Telma Guajardo, expuso en un comunicado de prensa que escondidos tras disposiciones nobles en materia de radios comunitarias, se introdujeron envenenados en la reforma a la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de abril pasado. El origen y la vía para aprobar una reforma que ningún grupo parlamentario había considerado en su agenda legislativa mostró, una vez más, los sofisticados recursos con que cuentan intereses plenamente identificados para torcer la ley en su favor.

La legisladora expuso que su partido apoyará siempre causas nobles como el desarrollo de los medios de comunicación indígena, nunca las iniciativas que transgredan el marco constitucional, lesionen los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos, de los partidos.

Juan José Guerra Abud, coordinador de la llamada telebancada del PVEM, intentó impugnar la decisión. “Yo quiero aclarar, presidente. Yo quiero aclarar que la discusión no es si lo que se aprobó aquí en el pleno es bueno o es malo para el país, ese es otro asunto. Eso es algo que se discutió y se aprobó aquí y, en su caso, la Cámara de Senadores era quien lo iba a revisar… esto que está usted haciendo, presidente, es ilegal, y quiero que quede constancia de ello. Usted está violando la ley”.