El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados responsabilizó a Josefina Vázquez Mota de un daño patrimonial al Estado mexicano por más de 2 mil millones de pesos al desempeñarse como secretaria de Educación Pública y por la autorización de pagos indebidos por 11 mil millones más a proveedores de la dependencia que ella dirigía.

En defensa de la panista, Julio Castellanos, quien fungió como oficial mayor de la SEP junto a Vázquez Mota, y era el responsable del manejo de los recursos públicos, expuso que todas las observaciones de las auditorías practicadas al programa Enciclomedia fueron solventadas al ciento por ciento.

Incluso reprobó el contenido del dictamen de la cuenta pública 2008 que todos los partidos políticos, a excepción del suyo, aprobaron en el pleno del citado órgano legislativo.

Aun así, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Navarrete Prida, documentó que al final del sexenio de Vicente Fox se autorizaron contratos multianules para Enciclomedia, con el pretexto de garantizar que el programa estrella del foxismo y de Marta Sahagún continuara vigente durante la siguiente administración.

En 2008, señaló el diputado priísta, la secretaria de la SEP, Josefina Vázquez Mota, autorizó la cancelación anticipada de los contratos, sabiendo que esto implicaría pagar una mayor cantidad de recursos que si continuaran vigentes, y sin verificar algunas otras alternativas jurídicas, como la rescisión o la demanda por incumplimiento de los proveedores. Esto generó un costo al erario de 11 mil millones de pesos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, Navarrete Prida, expuso que la secretaria de Educación Pública inventó un dictamen en el que se advierte que la única alternativa posible era la cancelación anticipada de contratos, y se solicitó la autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proveer a la SEP de mayores recursos y pagar 11 mil millones de pesos a distintos proveedores.

En aquel momento la SHCP negó la ampliación presupuestal, y los proveedores que tenían en sus manos el dictamen jurídico de la cancelación costaron al erario 2 mil millones de pesos.

Es una irregularidad grave por tratarse de un tema educativo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que no se verificó que los proveedores hubieran cumplido con la aplicación del programa Enciclomedia en secundaria. Hay facturas duplicadas, pagos dobles, registro de inmobiliario, de inventario tabulados doblemente, es decir, se autorizó cancelar anticipadamente contratos para pagar más dinero.