Madrid, 18 de abril. España ha amenazado con represalias contra Argentina por el plan para expropiar una filial del grupo energético Repsol-YPF, pero será difícil presionar a un país que lleva años fuera de los mercados financieros internacionales de deuda y que ha desoído los fallos de tribunales internacionales.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, dijo esta semana que cumpliría un sueño de toda la vida y solucionaría la escasez de energía del país tomando el control de YPF, la mayor petrolera del país controlada por Repsol YPF.

Madrid prometió consecuencias en áreas diplomáticas, industriales y de energía. Pero dado el historial de Argentina y la clase de represalias que España puede adoptar, la amenaza podría estar vacía. La amenaza es muy poco creíble. ¿Qué medidas pueden tomar?, apuntó José Ignacio Torreblanca, director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Señaló que Argentina tiene pocas inversiones en España, mientras las compañías españolas con inversiones en los altamente regulados sectores de telecomunicaciones y servicios públicos de Argentina podrían sufrir si crecen las tensiones.

Bajo el mandato de Fernández y el de su difunto marido Néstor Kirchner, Argentina se ha enfrentado a los inversionistas pero ha disfrutado de una economía en crecimiento y un aumento del empleo, en un contexto de altos precios para la soya, su principal exportación.

Sin embargo, la persistente inquietud respecto de Argentina ha desviado la inversión extranjera hacia países más amistosos como Brasil, Chile y Perú. De hecho, Repsol-YPF ya tenía un plan para reducir su exposición a Argentina, por lo que el efecto de una nacionalización sería limitado.

Según las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Unión Europea, España no puede tomar medidas comerciales unilaterales contra Argentina, como podría ser limitar las importaciones de soya o biocombustibles.

Su principal recurso sería llevar el caso de Repsol-YPF al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial, para exigir una compensación justa a cambio de las acciones de YPF. Pero Argentina podría argumentar que es de interés público expropiar YPF, al tiempo que ya está en marcha una batalla por la valoración de la compañía.

Argentina ha dicho que no pretende pagar los 9 mil 300 millones de dólares que Repsol pidió por su participación de 51 por ciento en YPF.

Funcionarios de la Unión Europea se han lamentado públicamente por el plan de expropiación. Pero Torreblanca, de la oficina del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo que la UE no dará mucho más que apoyo moral a España. Un funcionario de comercio de la UE dijo que España no puede limitar ninguna importación desde Argentina sin haber ganado antes un juicio en la OMC.