 foto: PAL, C.B. WAITE. Navidad en México, 1905, del libro México Inédito |
Chimalapas:
Historia de un conflicto
que no debió ser
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
El 18 de diciembre de 2011, San Antonio y Benito Juárez, comunidades de la zona oriente del territorio zoque chimalapa (municipio de San Miguel Chimalapa, Oaxaca), donde coexisten zoques con tsotsiles aceptados e incorporados como comuneros— levantaron el bloqueo que mantenían alrededor del núcleo agrario Gustavo Díaz Ordaz, adscrito al municipio de Cintalapa, Chiapas. La precisión jurídica sobre la adscripción territorial de estos tres pueblos ha estado en conflicto desde 1967, aunque no debería haber duda, aplicando el principio jurídico primero en tiempo, primero en derecho y, sobre todo, los derechos territoriales contenidos en el Convenio 169 de la oit y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU.
Con las resoluciones presidenciales del 10 de marzo de 1967, luego de 26 años de gestiones, el Estado mexicano reconoce a los zoques chimalapas como sujetos de derecho agrario y dueños ancestrales de un territorio comunal que tardó otros 26 años en deslindarse y delimitarse debido a la invasión y saqueo sistemáticos de sus bosques a partir de 1950, cuando la maderera michoacana Rodolfo Sánchez Monroy inició gestiones —apoyada por el gobierno chiapaneco— para obtener concesiones en supuestos “terrenos nacionales” “dentro del estado de Chiapas”, logrando (con otras cuatro empresas) permisos federales para explotar 100 mil hectáreas por 25 años, hasta que en 1977 los comuneros chimalapas expulsaron a las empresas.
Fue por encubrir el saqueo que se generó la doble invasión en el territorio zoque chimalapa: la agraria, causada por la ilegal dotación a núcleos chiapanecos, traslapando resoluciones presidenciales, y la municipal —de Cintalapa y el gobierno de Chiapas— sobre los municipios San Miguel y Santa María Chimalapa, adscritos a Oaxaca desde la Colonia.
Es clave que el núcleo agrario Díaz Ordaz fuera fundado por la maderera Sánchez Monroy, anotando como beneficiarios a algunos de sus peones, y siendo dicha empresa la gestora ante el Departamento Agrario para lograr la dotación ejidal, que oficialmente llegó, pero dos meses después de las resoluciones chimalapas. En cambio, existen en la misma porción oriente del territorio cuatro ejidos y una colonia agrícola con resoluciones anteriores a 1967: Constitución, Las Merceditas, Ramón E. Balboa, Rodulfo Figueroa y Felipe Ángeles, que los comuneros zoques reconocen y con los que el único conflicto es la excedencia en la superficie que ocupan.
Es precisamente Rodulfo Figueroa el pueblo propuesto por el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, como cabecera del nuevo e ilegítimo municipio Belisario Domínguez. ¿Por qué no se eligió al “emblemático” Gustavo Díaz Ordaz como cabecera, siendo que tiene más población y territorio? ¿Será porque su resolución agraria es posterior? En Díaz Ordaz están rodeados por el territorio comunal de San Miguel y Santa María. Para la explotación forestal por fuerza habría que coordinarse con los comisariados de las dos comunidades. Sin embargo, al contar con su propia Resolución y sentirse protegidos por el gobierno chiapaneco, pretenden gobernarse independientes de los comuneros y firmar contratos con empresas madereras privadas, que son, e históricamente han sido, las verdaderas beneficiarias del conflicto.
El que un ejido o una comunidad agraria indígena ocupe dos ó más estados no limita la propiedad de su territorio. El territorio comunal (594 mil hectáreas) de San Miguel y Santa María podría estar ocupando terreno dentro de ambos estados (como ocurre: 580 mil hectáreas están en Oaxaca y 14 mil en Chiapas). Esto es lo que no permiten las empresas madereras y los ganaderos de Cintalapa, cobijados por los sucesivos gobiernos chiapanecos.
A los pobladores de Díaz Ordaz y los otros 12 núcleos agrarios chiapanecos con dotación agraria posterior, les han hecho creer que si se incorporan como comuneros y reconocen a las autoridades comunales de Los Chimalapas —como es el generoso ofrecimiento de los zoques chimalapas— “dejarán de ser chiapanecos”. Esto es falso: un chiapaneco puede vivir en cualquier parte del país, o en un predio ubicado dentro del territorio zoque de Oaxaca; por ejemplo en San Antonio, congregación comunal del municipio de San Miguel Chimalapa, con mayoría tsotsil. O como es el caso de seis núcleos agrarios de origen chiapaneco (La Lucha, Zaragoza, La Libertad, San Pedro Buenavista, Nuevo Jerusalém y Pilar Espinoza II) que luego de una conciliación agraria de campesino a campesino, entre 1991 y 1994 aceptaron incorporarse como comuneros chimalapas, sin renunciar a su origen “chiapaneco”.
Aunque el decreto del “nuevo” municipio Belisario Domínguez no incide aparentemente en el conflicto agrario, pues son atribuciones diferentes, mucho lo complica, porque incluye no sólo a pueblos “chiapanecos” sino también a San Antonio y Benito Juárez, congregaciones comunales que se reconocen históricamente como pertenecientes al municipio San Miguel Chimalapa, y quienes —con todas las congregaciones chimas— se oponen al nuevo proceso de invasión. No es un conflicto de límites entre estados, pues las constituciones de Oaxaca y Chiapas hasta 1990 delimitaban la circunscripción estatal, dejando establecido que la mayoría del territorio comunal zoque chimalapa está en Oaxaca.
El unilateral decreto de un nuevo municipio significa una invasión a San Miguel y Santa María, y al estado de Oaxaca, violando los derechos colectivos del pueblo zoque chimalapa, e indirectamente los derechos de otros pueblos de México, pues violenta su derecho al consentimiento previo, libre e informado, y el derecho a la integridad de su territorio ancestral y al resguardo y conservación de sus bienes naturales comunes.
Las comunidades de San Miguel y Santa María han respondido (como en 1991, 1994 y 2004) con una estrategia jurídica y política, y una movilización pacífica pero masiva. A fines de 2011 lograron que el gobierno oaxaqueño de Gabino Cué se comprometiera a apoyar su lucha, cosa que ningún gobierno priísta, excepto el de Heladio Ramírez, había hecho. Obtuvieron de la Secretaría de Gobernación un Acuerdo de Distención Integral, reiteradamente violado por el gobierno de Sabines. A principios de 2012 los Chimalapas presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligando al gobierno de Oaxaca a presentar una tercera; todas se encuentran en proceso de revisión luego de que el ministro instructor que revisó el caso —Jorge Mario Pardo Rebolledo, amigo personal de Noé Castañón, secretario de gobierno de Chiapas— pretendió rechazarlas y enviarlas al Senado. Las autoridades comunales chimas ganaron dos amparos por los cuales el gobierno de Chiapas tiene prohibido realizar cualquier acto jurídico o administrativo dentro del territorio comunal. Al violarlo, Sabines se expone a un juicio de desafuero por desacato.
Un largo camino ha recorrido el pueblo zoque chimalapa en defensa de su ancestral territorio y de sus invaluables bienes naturales comunes. Zoques, tsotsiles y campesinos mestizos tienen derecho a convivir entre ellos y con su entorno natural. La solución de este injusto conflicto requiere del respeto a los derechos indígenas sobre la integridad de su territorio ancestral, a la libre determinación y la consulta permanente sobre políticas que los afecten.
El documento íntegro, enviado especialmente a Ojarasca, se puede leer en nuestra edición electrónica.