Durante 2011 más de 160 mil empresas cerraron en México a causa del crimen organizado, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El presidente del organismo, Alberto Espinosa Desigaud, sostuvo que el Estado no cumple con su principal obligación, que es garantizar la seguridad e integridad física y patrimonial de los ciudadanos, y advirtió que predominan la impunidad y la falta de responsabilidad de las autoridades.

En un mensaje videograbado, el dirigente empresarial lamentó que a más de tres años y medio de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad no se han cumplido los compromisos adquiridos por los tres niveles de gobierno, el Congreso y el Poder Judicial.

En México la inseguridad está alcanzando niveles no vistos en décadas, sostuvo. Por ello exigió a los candidatos a la Presidencia de la República compromisos claros para resolver el problema de inseguridad.

No basta con criticar la política actual u ofrecer cambiar la estrategia. Los ciudadanos necesitamos saber qué acciones específicas van a tomar para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y solucionar de raíz este problema. No queremos más retórica; necesitamos soluciones concretas.

En su mensaje semanal, la Coparmex recordó que con frecuencia se producen fugas masivas de reos, secuestros e incendio de vehículos para bloquear carreteras y vías primarias, así como ejecuciones, principalmente en Nuevo León, Guerrero, Coahuila, Durango, Chihuahua y Tamaulipas.

Queda impune 98 por ciento de los delitos

Sostuvo que en algunas entidades existen denuncias por la falta de transparencia en las cifras reales de los índices delictivos, y consideró que los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes, ya que ni la implementación de la Plataforma México, ni la inversión en equipos policiacos con tecnología de punta han logrado disminuir la delincuencia.

De acuerdo con la Coparmex, que citó cifras de las 32 procuradurías estatales, en los últimos cinco años los delitos ocurridos en el país pasaron de 1.5 a 1.8 millones; el homicidio doloso se ha duplicado y el secuestro ha repuntado 81 por ciento, mientras en Durango, Tamaulipas y Guerrero el incremento en ambos delitos ha sido superior al promedio nacional.

Según la misma fuente, en 2011 se reportaron en promedio cuatro plagios y 2 mil robos diarios en todo el territorio nacional, mientras se registraron 4 mil 600 denuncias por el delito extorsión, con mayor afectación en Chihuahua, Baja California, Jalisco y el Distrito Federal.

El 98 por ciento de los delitos queda impune, y del total de los casos que llegan a juicio, solamente uno de cada 10 delincuentes recibe sentencia, dijo Espinosa Desigaud.

Agregó que con la violencia no sólo se altera la vida de los mexicanos, sino también la economía: en el norte del país la prima de los seguros aumentó 30 por ciento; 24 millones de viajeros fronterizos prefieren ya no hospedarse en México, con lo que se ha perdido una derrama económica de más de 800 millones dólares en los últimos cinco años.

Además, señaló que el crimen organizado está deteriorando la competitividad de las entidades federativas, desalentando la inversión nacional y extranjera, y ocasionando el cierre de empresas formales.

Por ello, los empresarios plantean un programa de prevención del delito de alcance nacional, así como la creación de observatorios ciudadanos del delito en todo el país, con capacidad de gestionar sistemas comunitarios de detección y prevención del crimen.

Espinosa Desigaud también propuso crear el mando único policial en los estados, realizar pruebas de confianza a la totalidad de los jefes de las corporaciones, y dotar de autonomía a los agentes del Ministerio Público para profesionalizarlos.