El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) prevé una suspensión de un año en el cargo al juez encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación luego de que varios de los acreedores más importantes de la aerolínea promovieran quejas administrativas en su contra.

Fuentes judiciales informaron que Felipe Consuelo Soto, juez decimoprimero de distrito en materia civil, será declarado responsable de actuar con notable ineptitud, negligencia y parcialidad en su función de juzgador.

La sanción deriva de una investigación abierta en su contra en el CJF, luego de que varios de los acreedores más importantes de la aerolínea, además del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, promovieron quejas administrativas contra el juez.

A decir de la fuente de la Judicatura, la comisión de disciplina ha recibido varias pruebas con las que se ha logrado acreditar que el juzgador ha incurrido en irregularidades graves, al mostrar notoria ineptitud, descuido y parcialidad en sus actuaciones judiciales relacionadas con el caso de Mexicana, por lo que se prevé que el impartidor de justicia sea suspendido temporalmente del cargo.

Las quejas fueron presentadas por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y Banorte, instituciones a las que Mexicana debe más de 2 mil 900 millones de pesos, 26 por ciento de sus pasivos totales.

Los inconformes denunciaron a Consuelo Soto por prolongar durante año y medio la etapa de conciliación del concurso mercantil, en contra del mandato expreso de la ley de que debe durar 365 días naturales, así como por decretar en febrero pasado una suspensión indefinida de dicha etapa, mientras algún inversionista capitaliza la empresa.

Consuelo Soto, titular del juzgado decimoprimero de distrito en materia civil, ya compareció ante la comisión de disciplina del CJF y ofreció sus argumentos.

El juez indicó entonces que el periodo del juicio concursal no se ha extendido más de un año, como han cuestionado sus detractores, pues, justo en el último minuto previo a que venciera el plazo de 365 días que fija la Ley de Concursos Mercantiles para terminar un litigio similar al del caso Mexicana, ordenó la suspensión indefinida del procedimiento concursal ante hechos supervinientes debidamente probados.