Río de Janeiro, 29 de marzo. Cientos de estudiantes protestaron este jueves al grito de asesinos y torturadores frente al Club Militar de Río, donde oficiales en retiro celebraron los 48 años del golpe de Estado que instauró la dictadura (1964-1985).

¡Militares cobardes! ¡Esperamos la verdad!, espetaron los manifestantes, entre ellos allegados a las familias de las víctimas de la dictadura.

A diferencia de otros países del cono sur de América Latina, Brasil no ha enjuiciado los crímenes de la dictadura debido a una ley de amnistía de 1979, ratificada recientemente por el máximo tribunal.

No obstante, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, ex guerrillera torturada bajo el régimen militar, creó una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes pero sin sancionar a los responsables, lo que ha generado disgusto entre los militares.

Reunidos en la avenida Río Branco, los manifestantes lanzaron insultos a los asistentes que salían del club militar, y avanzaron hasta una estación de metro cercana, protegida por un cordón policial.

Efectivos lanzaron gases y bombas sonoras en un intento por dispersar a los manifestantes y detuvieron por lo menos a uno.

Algunos de los militares, que rondan los 80 años, fueron seguidos por los jóvenes al grito de ¡asesinos!

Cuando era estudiante de derecho fui arrestada en la universidad, torturada y encarcelada durante cinco meses, dijo a Afp Angela Barroso, una abogada en retiro.

Ellos querían que les diera nombres y finalmente me soltaron porque no pertenecía a ninguna célula guerrillera, señaló, y pidió que jamás se olvide la tortura.

La ley de amnistía permitió el regreso de los exiliados políticos, pero evitó el procesamiento de los represores, por lo que muchos piden su revisión, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En un fallo dictado el año pasado, el Supremo Tribunal Federal decidió que la ley de amntistía benefició también a los agentes del Estado responsables de torturas y asesinatos.

La Orden de Abogados de Brasil elevó una nueva petición a la Suprema Corte de Justicia, en la que argumenta que la amnistía a representantes del Estado responsables de torturas y secuestros viola tratados internacionales firmados por Brasil.