La consignación de cuatro jóvenes bajo el argumento de ataques a la paz pública que hizo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), tras los disturbios generados el pasado domingo en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, es una regresión a políticas de mano dura en contra de la juventud capitalina, denunció el secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la CDHDF, Gerardo Sauri Sánchez.

Asimismo, representantes de organizaciones civiles coincidieron en señalar que en el Distrito Federal existe una política de criminalización institucional hacia los grupos juveniles que, de acuerdo con su análisis, los asimila como terroristas, pues actualmente se les ve como generadores de violencia.

La presidenta honoraria de INCIDE Social, Clara Jusidman, destacó que la ciudad de México carece de una política preventiva y progresista hacia este grupo de la población; por el contrario, se favorece someterla a procesos judiciales que los condenan a una vida cada vez más deteriorada, dijo; al mismo tiempo, alertó sobre la reducción de espacios para su convivencia e identificación colectiva, de parte de las autoridades locales.

Según datos presentados por Nashieli Ramírez, consejera de la CDHDF, 75 por ciento de la población general considera peligroso que los jóvenes se reúnan en las calles y es motivo para llamar a la policía, por lo que hizo un llamado a la sociedad a no continuar tolerando la criminalización de ese sector de la población, el cual atraviesa situaciones como desempleo y abandono de estudios, necesidades que las autoridades no satisfacen, dijo.

Durante la conferencia El uso desproporcionado del sistema penal contra las y los jóvenes, los representantes urgieron a las autoridades capitalinas a establecer mesas de trabajo y diálogo con grupos juveniles organizados; cumplir con el sexto punto de la Recomendación 11/2008, acerca del caso News Divine, respecto a la creación de un cuerpo policial mixto especializado en intervención con jóvenes y en la resolución no violenta de conflictos; y sobre todo, atender la propuesta de dicho documento para establecer una política integral en favor de los adolescentes de la ciudad de México.