Aunque el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa aporta algunos elementos positivos, no pide la consignación de ningún alto funcionario ni determina si es viable la petición de juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre, por lo que todavía puede ser ampliada y mejorada, señalaron activistas de organizaciones sociales.

Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, destacó que los resultados de las indagatorias brindaron algunos avances importantes, pero señaló que todavía hay muchos huecos con respecto a la autoría intelectual de los decesos y a la responsabilidad que puedan tener las autoridades estatales.

Estas recomendaciones son más de carácter moral, y hasta que no se cumplan veremos si realmente se aplica rigurosamente la ley. Además, nos preocupa que Aguirre diga que las toma como observaciones, cuando, por el carácter que hoy tiene la CNDH para investigar violaciones graves a los derechos humanos, tienen un carácter vinculante, subrayó.

Por ello, y a reserva de emprender un análisis más detallado, el activista consideró que el informe representa un avance a medias y no del todo satisfactorio, ya que a su entender aún no sientan las bases para que los más altos funcionarios de Guerrero puedan ser castigados, por lo que llamó a ampliar y mejorar sus conclusiones.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, celebró que las recomendaciones de la CNDH recuperen varios de los aspectos considerados por las organizaciones no gubernamentales, ya que de esta forma brindan a la justicia federal y estatal los elementos suficientes para continuar con sus pesquisas.

Otro acierto del documento, indicó, es mencionar el contexto de la represión del 12 de diciembre de 2011, ya que el bloqueo en la Autopista del Sol fue un recurso extremo ante la falta de mecanismos de atención de las necesidades de los normalistas.

A pesar de sus elementos positivos, las recomendaciones deben ampliarse en el estudio de toda la cadena de mando de las policías, e incluir aspectos delicados como la protección a los estudiantes que sobrevivieron al ataque y a sus familiares, por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran muchos de ellos, dijo.

El problema de fondo es el modelo educativo en las normales. Hay una violación al derecho a la educación, y mientras eso no se arregle, las cosas van a seguir más o menos igual, advirtió.