uizá no fue del todo inesperado que a mediados de febrero Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, anunciase que no aspiraría a ser designado para continuar al frente del organismo, que dirige desde 2007. Tras las traumáticas circunstancias que marcaron los relevos de su predecesor en el Banco, ese año, y de su par en el FMI, el pasado, este nuevo episodio careció de dramatismo y no produjo titulares de escándalo. Casi pasó inadvertido más allá de los círculos de la alta burocracia financiera internacional. Se hizo notar, es cierto, que no era alta la probabilidad de que un remanente de los años de Bush obtuviese el apoyo del gobierno de Obama, sin el cual no podría seguir en el cargo, y que ello podría haberlo orillado a anunciar su salida para el 30 de junio. No tardó en advertirse, sin embargo, que el relevo de Zoellick abría la oportunidad de poner a prueba las intenciones del puñado de países que detenta el control del banco respecto del alcance de la reforma de la institución. En otras palabras, brindaba la ocasión de sepultar la tradición feudal que ha regido las designaciones de los ejecutivos del fondo y el banco desde la fundación de ambas instituciones hace más de seis decenios. Como se sabe, esta peculiar forma de feudalismo fuera de época consiste en que Estados Unidos se ha reservado el privilegio de elegir al presidente del banco, mientras que a los países europeos ha cabido el de nominar al director-gerente del fondo. Se sabe también que, tras el relevo en el FMI el año último, todavía ajustado a esa práctica tan arbitraria como obsoleta, la siguiente oportunidad debería ser diferente. Esta siguiente oportunidad, que no debe dejarse pasar, es ahora.

Así lo señalaron, tres días después del anuncio de Zoellick, tres muy connotados economistas –François Bourguignon, Nicholas Stern y Joseph Stiglitz–, que entre 1997 y 2007 ocuparon las posiciones de economista jefe y primer vicepresidente del banco, en una suerte de carta abierta, publicada por el Financial Times, con el acertado título de Fin al monopolio: hagamos por fin un verdadero Banco Mundial. En el texto se alude a las varias ocasiones en que los países ricos –que controlan la mayoría de los votos– se han comprometido con un proceso de selección abierto, transparente, basado en los méritos de los candidatos, para terminar imponiendo su criterio monopolista. Lo han hecho, por ejemplo, en las reuniones del G-20, a las que se alude más adelante. Subrayan que esta conducta es improcedente y no refleja la actual correlación en la economía mundial, en la que la mitad de la producción global está a punto de corresponder a los países en desarrollo. Proponen que se elija al mejor calificado, con total independencia de su nacionalidad, y que las candidaturas surjan de un proceso que no incluya nominaciones por parte de los gobiernos con mayor poder de voto, pues de este modo se inhibe la presentación de candidaturas alternativas.

Conviene recordar el compromiso formal asumido por los líderes políticos del G-20 en 2009, en la cumbre de Pittsburgh, donde alcanzaron el acuerdo de que los dirigentes de todas las instituciones internacionales sean designados mediante procesos abiertos, transparentes y basados en los méritos, no en la nacionalidad de los candidatos. Al año siguiente, en Toronto, reafirmaron su compromiso previo con procesos de selección abiertos, transparentes y basados en el mérito, de los dirigentes de todas las instituciones financieras internacionales. Como tantos otros componentes de lo que en su momento se denominó el espíritu de Pittsburgh, éste en particular se ha diluido. Aunque en Seúl y Cannes volvió a abordarse el prolongado proceso de reforma de las instituciones de Bretton Woods, los señalamientos se concentraron en el FMI y en aspectos de su reforma ajenos a los procedimientos para la designación de sus dirigentes.

Por su parte, el BRICS –el grupo intergubernamental integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no la entelequia imaginada por economistas de Goldman Sachs para ampliar sus negocios– ha presentado planteamientos similares, desde su primera reunión cumbre (Ekaterimburgo, 2009) hasta la más reciente (Hainan, 2011). En la primera declaración sostuvieron que los países emergentes y en desarrollo deben tener mayor voz y representación en las instituciones financieras internacionales, cuyos dirigentes deben ser designados mediante procesos abiertos, transparentes y basados en el mérito. Dos años después reiteraron que la estructura de gobierno de las instituciones financieras internacionales debe reflejar los cambios en la economía mundial, elevando la voz y representación de las economías emergentes y en desarrollo.

Al abrirse el proceso formal de selección del nuevo presidente del banco se formalizaron dos candidaturas, ambas muy calificadas, procedentes del mundo en desarrollo: la de José Antonio Ocampo, colombiano, quien ha sido ministro de Finanzas y secretario general de la Cepal, como parte de un historial muy distinguido, y la de la actual ministra de Finanzas de Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala. A última hora, Estados Unidos presentó un candidato insólito, Jim Yong Kim, presidente del Darmouth College y ex funcionario de la Organización Mundial de la Salud. Las tres candidaturas quedaron registradas. Obama no incurrió en el error de sus predecesores, que impusieron a personalidades políticas estadunidenses a veces impresentables. Kim es una personalidad respetada en el mundo de la cooperación internacional en materia de salud. Sin embargo, la competencia entre los tres candidatos se desequilibra por la regla de consenso que se aplicará en la elección y que será forzado por una straw poll, especie de votación informal, que estará predeterminada por la influencia de Estados Unidos.

Hoy y mañana se reúne la cuarta cumbre del BRICS en Nueva Delhi. Sería importante un pronunciamiento firme a favor de las candidaturas que suponen abandonar el monopolio o el feudalismo, según la expresión que se prefiera.

En el caso del G-20 sería deseable renovar el compromiso expresado en Pittsburgh. Es claro que sería mucho pedir a la actual presidencia mexicana del G-20 que insistiese en la necesidad de llevarlo a la práctica en la presente oportunidad. Sin embargo, otros países del G-20, quizá a iniciativa del BRICS, podrían provocar un pronunciamiento al respecto. Si el G-20 tiene un mínimo de congruencia, su pronunciamiento favorecería también las opciones que clausuran el anquilosado procedimiento monopolista o feudal.

La oportunidad que no debería dejarse pasar es ahora.