n un ritual ajeno a la formalidad republicana establecida en las leyes, el aún titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, formuló ayer en el Auditorio Nacional una larga exaltación propia y un desmedido autoelogio, a fin de rendir cuentas ante una decena de miles de funcionarios y de burócratas acarreados.

Para empezar, el gobernante presentó una justificación de su estrategia antidelictiva y de seguridad pública, emprendida y aplicada desde hace cinco años con dudosa legalidad y peores resultados, y afirmó que si él no hubiera atacado el problema, una parte del territorio nacional estaría hoy dominada por capos, no habría libertad para la gente, ni habría paz, ni habría tranquilidad y el próximo gobierno se habría encontrado con instituciones completamente infiltradas por los delincuentes, así como con una sociedad arrodillada frente a los criminales. Por desgracia, lo que el político michoacano considera posibilidades que no llegaron a materializarse gracias a la guerra que él emprendió es percibido por amplios sectores de la sociedad como una realidad acuciante y presente, derivada, en buena medida, de una estrategia equívoca y fallida.

Por lo demás, Calderón realizó un repaso de cifras alegres en materia de salud, educación, migración, economía, finanzas, infraestructura y política social. Arremetió contra los indicadores que señalan el crecimiento de la pobreza durante su administración, negó el declive sostenido de los resultados educativos y presentó cifras sobre salud, vivienda, infraestructura, escuelas construidas, becas, apoyos, inversión pública y atención a mujeres –entre otros rubros– muy semejantes a las que recitaban los mandatarios del ciclo priísta cada primero de septiembre. Dijo, para resumir, que México es mejor que lo que lo que era hace seis años.

Con un tono inconfundible de cierre y despedida, pues, la administración calderonista entra en su último semestre de la misma forma en que empezó: frente a auditorios blindados ante el disenso, irregular con respecto a las maneras republicanas y de espaldas a la realidad.

El pasado martes, en la Reunión Trilateral de Ministros de Defensa de Norteamérica, que se desarrolla en Ottawa, Canadá, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, dijo que, según cifras aportadas por funcionarios mexicanos, el número de muertes provocadas por la violencia entre cárteles de narcotraficantes y autoridades en México asciende a 150 mil, si bien no precisó el periodo al que correspondía esta cantidad. Más tarde, en un comunicado conjunto, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina señalaron que el dato proporcionado por Panetta correspondía al número de asesinatos anuales atribuidos a la violencia ligada al narcotráfico en América Latina, y no sólo los observados en el caso de México. A renglón seguido, las dependencias federales remitieron al conteo realizado por la Procuraduría General de la República (PGR), según el cual entre 2006 y 2011 se registraron 47 mil homicidios en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en nuestro país emitió ayer un boletín en el que se afirma que Panetta se refería a una cifra que los funcionarios mexicanos le habían dado, la cual refleja la violencia relacionada con las drogas en todo el hemisferio.

Con independencia de si las fluctuaciones de cifras referidas se debieron a una confusión, a una falta de comprensión por parte del titular de Defensa estadunidense de lo que le dijeron sus contrapartes mexicanas o a una abierta distorsión de la realidad de alguno de los involucrados –o de ambos–, el episodio es indicativo del descuido y el manejo poco transparente de la información relacionada con los hechos de violencia en el país.

Tal actitud ha salido a relucir, por ejemplo, en la falta de consistencia de las cifras oficiales sobre dinero decomisado al narco y sobre el número de migrantes centro y sudamericanos secuestrados en el país por organizaciones delictivas, pero también en la inaceptable tendencia de las autoridades a ocultar datos sobre el número de muertes ocurridas durante la guerra contra la delincuencia organizada. Un botón de muestra de dicha actitud es el intento de la PGR y de la Presidencia de la República por reservar la información sobre el número de víctimas mortales de la lucha contra los cárteles de la droga durante 2011, según dio a conocer el Instituto Federal de Acceso a la Información en enero pasado.

La negación de hechos y el ocultamiento o la distorsión de información relacionada con la violencia agravan el daño causado por el baño de sangre que se desarrolla en el país, en la medida en que profundizan el desprestigio de las instituciones, dificultan el pleno esclarecimiento de los episodios de violencia –lo cual es contrario al principio de justicia para las víctimas– y alimenta, en suma, sentimientos de temor, confusión y zozobra en que se encuentra inmersa la sociedad. En tal circunstancia, y con el precedente inmediato de la aparente confusión de Panetta, lo menos que cabría esperar de las autoridades civiles y militares mexicanas es que proporcionen información veraz y coherente sobre la angustiosa situación que atraviesa el país.