Adriana Manzanares Cayetano, indígena nahua, fue sentenciada a 22 años de prisión, después de haber sido golpeada, insultada y acusada por una asamblea popular en la comunidad de Ayutla de Los Libres, Guerrero, debido a que, producto de una infidelidad, dio a luz a un bebé que murió al nacer.

Adriana fue juzgada por adulterio y por la muerte de su bebé por los miembros de su comunidad, quienes la obligaron a confesar sus faltas. Ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el asunto para revisar el amparo que presentó la joven, quien, a pesar de no hablar ni entender español, fue juzgada sin el apoyo de un intérprete.

Los ministros validaron la petición de la quejosa, en razón de que se violó el debido proceso penal en su contra, ya que, entre otras irregularidades, las pruebas fueron obtenidas ilícitamente y por la fuerza.

Además, en el asunto hubo trato inequitativo, ya que el padre de su hijo y presunto cómplice de la muerte de éste, Virgilio Cruz Ortega, fue juzgado por encubrimiento y salió absuelto, mientras ella fue juzgada y sentenciada por homicidio calificado, que ni siquiera se acreditó en la necropsia.

El Instituto Guerrerense de Derechos Humanos aseveró en 2006 que Adriana tuvo un aborto espontáneo cuando tenía siete meses de gestación; además de que al no hablar ni entender español y por la pobreza en que vivía no tuvo acceso a servicios de salud, lo que originó la interrupción del embarazo.

El proceso penal también fue irregular porque tardaron siete meses en dictar el auto de formal prisión y la acusación de homicidio en razón de parentesco le fue acreditada por un juez de Guerrero, con base en el testimonio de su hijo de cuatro años, quien fue golpeado por su tía para declarar, según refiere la defensa de la acusada.