Alrededor de 10 por ciento de adultos mayores que viven en la ciudad de México enfrentan problemas de discriminación, abandono, maltrato o violencia física, emocional o patrimonial, señaló el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida.

Al participar en la mesa Acceso a la justicia y atención prioritaria para las personas mayores, en el Foro Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Gobierno del Distrito Federal, explicó que para garantizar a ese sector de la población su derecho a una vida libre de violencia se creó en 2010 una agencia especializada, que depende de la Procuraduría General de Justicia del DF. Es la primera y única en su tipo en todo el país dedicada a la atención de personas de 60 años o más, destacó.

Detalló que esa institución, en lo que lleva de operar, ha atendido a 5 mil 639 adultos mayores que vieron vulneradas sus garantías o requirieron asesoría legal. Sólo en mil 765 casos se presentaron denuncias por violencia familiar.

El procurador comentó el caso de una mujer de 89 años que fue abandonada en la vía pública. Llevaba un letrero que decía: Aquí vive mi hijo. Se canalizó a la señora a un albergue y se detuvo a los responsables por omisión de cuidado.

Añadió que en 528 casos se alcanzó un acuerdo o convenio con los familiares, lo que evitó el desgaste social y económico.

En su oportunidad, Guadalupe Chaves Cervantes, del Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica, planteó a los asistentes al foro crear un banco de datos sobre las buenas prácticas que se llevan a cabo en materia judicial para los adultos mayores.

Luiz Roberto Salles, agente del Ministerio Público en Sao Paulo, Brasil, dijo que las instalaciones adonde las personas mayores acuden para presentar denuncias deben estar adaptadas a sus condiciones físicas. Mientras, el asesor legal del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor de Costa Rica, Gustavo Fallas, declaró que en 1999 se promulgó en su país la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, la cual plantea políticas públicas dirigidas a ese sector, como trato preferencial y diferencias en trámites y expedientes. Además, hay protocolos de atención a víctimas en los juzgados.