Las personas menores de 25 años y las mayores de 60 consumen más de lo que ganan en el mercado laboral. Por tanto, financian su consumo con recursos de familiares, el gobierno o del mercado de capitales, advirtió Martín Hopenhayn, director de la división de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Al participar en la mesa Nivel de vida adecuado, servicios sociales y envejecimiento, del Foro Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores, explicó que a mayor nivel de desarrollo de los países más tiende a crecer no sólo la población envejecida, sino los gastos de ese segmento en relación con grupos etarios plenamente productivos.

Abundó que lo anterior hace pensar en la solidaridad intergeneracional durante la vida y presiona sobre pactos políticos y fiscales, así como sobre el estado de bienestar, la oferta electoral, las finanzas públicas y la distribución del ingreso.

El director de la división de Desarrollo Social de la Cepal enfatizó que los derechos a seguridad social y salud, así como a un ingreso digno para solventar necesidades vitales entre adultos mayores, no se da en el vacío, sino en el contexto de los puntos arriba mencionados.

En tanto, la afiliación a la seguridad social no es generalizada en la región, ya que cuatro de cada 10 trabajadores contribuyen a la misma; en el caso de México es de siete.

Con base en los niveles actuales de recaudación potencial de contribuciones sociales, Hopenhayn remarcó que la mayoría de los países podrían financiar a corto plazo una pensión focalizada para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad; incluso algunos podrían universalizarla.

Asistentes al encuentroFoto Guillermo Sologuren

Martín Hopenhayn, director de Desarrollo de la CepalFoto Guillermo Sologuren

A manera de reflexión, el director de Desarrollo Social preguntó a los asistentes: ¿Cuánto costaría una pensión que permitiera al adulto mayor cubir sus necesidades básicas? ¿Cuánto, sólo para los más pobres?

Las preguntas fueron respondidas con la presentación de una diapositva en la que se compara el costo de una pensión universal y una focalizada. De acuerdo con ésta, a México le costaría lo equivalente a 1.3 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en el primer caso, y 0.7 por ciento en el segundo. Asimismo, a Perú y a República Dominicana.

El especialista admitió que a corto y mediano plazos los mercados laborales de la región no podrán asegurar un sistema de protección social basado en derechos sólo mediante acciones contributivas, por lo que propuso rediseñar los sistemas de seguridad social fortaleciendo la redistribución entre los jubilados y el financiamiento de las pensiones no contributivas, y garantizar la pensión básica.

Por su parte, la vicepresidenta del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Rocío Barahona, puntualizó que el problema más apremiante que enfrentan los adultos mayores es la pobreza.

Se manifestó en favor de elaborar un documento que exponga cuáles son las obligaciones de los gobiernos con ese sector de la población. América Latina siempre ha sido muy progresista. Nuestro trabajo será sensibilizar al resto de la comunidad, señaló.