De los más de 711 mil 600 niñas, niños y adolescentes que laboran como jornaleros agrícolas en México, 86 por ciento está excluido del derecho a la educación; 72 por ciento trabaja sin cobrar, no tiene remuneración alguna, e incluso del grupo que recibe algún pago las niñas son las peor remuneradas, mientras 70 por ciento de ellas realiza, además, labores domésticas. El trabajo infantil agrícola configura una suerte de esclavitud moderna.

En el seminario-taller Análisis de programas y políticas públicas para la atención educativa de la niñez, la adolescencia y juventud en situación de migración, realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), se dieron a conocer dichas cifras y se emitió un pronunciamiento en el que se expresa que las políticas del gobierno mexicano no han tenido la suficiente capacidad y calidad de respuesta ante las necesidades educativas de la población jornalera migrante.

Con la coordinación de la doctora Rasaura Galeana, especialistas e investigadores señalaron en este taller que resulta grave que no se cuente con un censo actualizado, completo y confiable de los niños y niñas migrantes en el país, y que aunque las instancias gubernamentales pregonan un aumento de recursos son insuficientes para la atención educativa de esta población, además de que faltan planes y programas de estudio para este sector de menores.

A su vez, Ana Paola Díaz de León, oficial nacional del trabajo de atención directa Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura, que forma parte del Programa Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT, expuso que México ratificó desde 2000 el convenio 182, que habla de la eliminación inmediata de las peores formas de explotación infantil, pero tiene una asignatura pendiente: crear un programa nacional para concretar con medidas, esquemas de atención y políticas públicas la erradicación de este trabajo de los niños, en el que haya las instancias responsables y coordinadores de las políticas federales, estatales y municipales.

Según añadió, otro punto pendiente del gobierno mexicano es definir de manera tripartita, con academia y sociedad civil, el listado de trabajos infantiles peligrosos, para prohibirlos y erradicarlos de inmediato.

Por ejemplo, en El Salvador, empleadores, gobierno y trabajadores determinaron que el corte de caña es peligroso para los menores y se prohibió.

La ocupación de niños en el sector agrícola está considerada por los convenios de la OIT una de las peores formas de trabajo infantil, debido a que laboran sin equipo adecuado, están expuestos a las inclemencias del clima, al contacto con sustancias tóxicas y en constante riesgo de ser atacados por animales ponzoñosos, entre otras condiciones, según se concluyó en este taller.

Resulta grave el trato de las empresas e intermediarios que contratan a familias completas y por esta vía explotan el trabajo de niños, niñas y adolescentes, de forma que además de explotarlos se les niega el derecho a la educación, e incluso no les son reconocidos sus antecedentes escolares, plantearon especialistas en un posicionamiento final conjunto.