En el Senado se intensificaron en las últimas semanas los trabajos respecto de la nueva ley de atención a víctimas del delito, y está ya casi listo el dictamen de ese ordenamiento que obliga al Estado a garantizar de manera integral la reparación del daño a aquellas personas que hayan sufrido agresiones provenientes del crimen organizado o a quienes han visto vulnerados sus derechos humanos por alguna autoridad.

El proyecto de dictamen se elaboró con base en varias iniciativas, como la redactada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a petición del Senado; la presentada en diciembre del año pasado por el PRD; el proyecto que remitió el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), y las propuestas específicas en la materia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia.

El vicepresidente de la mesa directiva del Senado, el priísta Francisco Arroyo, comentó que esa legislación está en la agenda del órgano legislativo y esperan que se apruebe en ambas cámaras antes de que concluya el actual periodo de sesiones, porque es un compromiso que el Poder Legislativo asumió con Sicilia y su movimiento, el 28 de julio del 2011, durante el encuentro en el Castillo de Chapultepec.

Agregó que en su bancada están muy confiados porque el responsable de elaborar esa legislación es Jesús Murillo Karam, quien seguramente entregará una excelente ley, que responda a la exigencia de justicia de quienes han sido agraviados por las bandas criminales y la violencia desatada por éstas.

En el dictamen se establecen medidas a fin de que las víctimas directas e indirectas tengan acceso efectivo a la justicia y se les repare el daño sufrido, por medio de programas jurídicos y sociales y de apoyo económico. Se contempla también garantizar su integridad física cuando ésta peligra.

En ese punto sólo falta por definir el mecanismo para indemnizar a las víctimas. La discusión está en si el Ministerio Público es el que debe determinar el monto de la reparación del daño.

La ley prevé asimismo la creación de un registro nacional de víctimas, que se habrá de integrar con datos proporcionados por las instancias gubernamentales que tienen que ver con ese tema.

La mayoría de las iniciativas que sirvieron para la elaboración de la nueva legislación se basan en la Ley Número 1448, de Colombia, que entró en vigor en junio del año pasado y que incluye medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en esa nación sudamericana.

La iniciativa que la fracción del PRD presentó en diciembre del año pasado –Ley general de protección y reparación integral a víctimas de violaciones a derechos humanos generadas por la violencia– propone que el Estado mexicano asuma su responsabilidad por los efectos de la estrategia contra el narcotráfico y deje de considerar la muerte de civiles inocentes como bajas accidentales o daños colaterales que pueden integrarse sin problemas a una simple estadística.

Se espera que la próxima semana esté listo el dictamen y se presente de inmediato a comisiones, a fin de que se vote en el pleno después de las vacaciones de Semana Santa.