Política
Ver día anteriorDomingo 25 de marzo de 2012Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio
Robustecen una denuncia contra el gobierno
 
Periódico La Jornada
Domingo 25 de marzo de 2012, p. 17

El abogado Netzaí Sandoval, quien promovió en noviembre de 2011 una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón, parte de su gabinete y el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, señaló que en semanas recientes ha hecho llegar al fiscal de ficho organismo, Luis Moreno Ocampo, más datos para sustentar su petición.

Entre la información aportada se encuentra un estudio sobre la empresa demoscópica Parametría, el cual plantea que hay un millón 600 mil desplazados internos por la guerra contra el crimen organizado; casos paradigmáticos de activistas asesinados, como el de Nepomuceno Moreno Muñoz, y estadísticas sobre más de 6 mil casos de asesinatos en Ciudad Juárez que, de acuerdo con datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, no se están investigando.

El fiscal analiza a fondo la petición, por eso le agregamos nuevos elementos. Como es un expediente muy amplio, aún no hay una determinación de pedir al gobierno mexicano una respuesta, pero una vez que la tengan se sabrá si la Corte pone a México en análisis preliminar, como en el caso de Honduras, Colombia y otros países, afirmó Sandoval en entrevista, luego de su participación en el foro Los grandes problemas de México, realizado el martes anterior.

Cuando llegue ese punto, subrayó, será la última llamada para que el gobierno de Calderón se decida a juzgar los delitos de guerra y de lesa humanidad por los que fue demandado, pero si eso no ocurre, entonces la CPI va a tener que intervenir y, eventualmente, pondría a México bajo observación especial.

El especialista en derecho internacional aseveró que el anuncio de si se pone al país en análisis preliminar puede tardar cerca de un año, y consideró que ningún funcionario podría esconderse de la Corte, ya que el gobierno mexicano firmó el Estatuto de Roma, el cual reconoce la facultad de la Interpol para arrestar a algún acusado en caso de que fuera necesario.