Se complicaron en el Senado las negociaciones en torno a la reforma que elimina el fuero militar, ya que el dictamen, elaborado por el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, no dice con claridad que los integrantes del Ejército y la Marina que cometan delitos contra civiles serán juzgados en tribunales del fuero común. Se insiste en elementos que ya se habían desechado, como conceder facultades policiacas y de investigación a las fuerzas armadas y establecer que el delito de desaparición forzada prescribe a los 35 años.

El priísta Jesús Murillo Karam dijo que el planteamiento básico que desde hace mucho han cabildeado con la cúpula castrense y organizaciones sociales, no está reflejado en el dictamen.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Ibarra, advirtió que se intenta proteger a los militares que cometieron cientos de desapariciones forzadas en las décadas de 1960 y 70, criterio que comparten senadores del PRD. Pablo Gómez comentó que ese delito de lesa humanidad no prescribe, por lo que eliminarán el plazo de 35 años que señala el dictamen.

Los integrantes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos tienen que llegar a un acuerdo a la brevedad, pues sólo resta un mes al periodo ordinario.

Murillo Karam precisó que en materia de agresiones y violaciones de derechos humanos de civiles en que incurran militares debe actuarse conforme marca la Constitución, es decir, que sean juzgados en tribunales federales del fuero común.

Me queda claro que los delitos de esa naturaleza tienen doble regulación, militar y civil, y en consecuencia propuse un tribunal especializado, dentro del Poder Judicial, que se encargue de los juicios respectivos.

Representantes de organizaciones no gubernamentales, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, enviaron a las comisiones dictaminadoras su desacuerdo con la redacción del artículo 57 de ese código, porque no se establece con claridad que los delitos que militares cometen contra civiles, deben ser juzgados por tribunales del fuero común.

Policía ministerial militar

Ricardo Monreal, senador del PT, expuso que no está acuerdo con la inclusión de un artículo 49 bis en el Código de Justicia Militar, ya que en él se crea el marco legal para las operaciones de una policía ministerial militar, que actuará bajo conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos.

Esa policía ministerial militar podrá reunir información, realizar detenciones e inspecciones, además de cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados preservando el lugar de los hechos.

También podrá entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad.

En el dictamen, en que se retomó gran parte de la iniciativa que Calderón presentó en 2010 al Senado, se precisa que esa policía ministerial militar se formará con el personal que designen la secretarías de la Defensa Nacional o Marina y dependerá directa e indirectamente del procurador general de Justicia Militar.