Washington, 23 de marzo. Organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que califican de falta de claridad y de esfuerzos en México a la hora de identificar los restos de migrantes desaparecidos, como los hallados en las fosas comunes de San Fernando, Tamaulipas, por lo que reclamaron la creación de mecanismos que permitan una supervisión internacional del proceso, así como mayor colaboración con los países de origen de las víctimas, en su mayoría centroamericanas.

No tuvimos apoyo del gobierno mexicano para la búsqueda; las autoridades nos cierran las puertas, no quieren darnos información, simplemente no los están buscando, denunció ante la CIDH Candelario Castillo, cuyo hijo desapareció en un autobús que transportaba migrantes que se dirigían a Estados Unidos, cuando iba por Tamaulipas.

Mi hijo está desaparecido con 20 más y las autoridades mexicanas no han hecho absolutamente nada, lamentó durante una audiencia sobre la situación de migrantes no localizados y restos no identificados en México, en el primer día de sesiones de la CIDH en Washington, en la que el Estado mexicano replicó argumentando los grandes esfuerzos que hace en materia forense.

Según la representante del Equipo Argentino de Antropología Forense, Mercedes Doretti, organizaciones de derechos humanos estiman en casi 10 mil el número de víctimas de la violencia en México que no han sido indenficadas en los pasados seis años. De ellos –dijeron–, más de mil 200 son cadáveres recuperados entre 2007 y 2011 de 310 fosas clandestinas; se sospecha que muchos podrían ser migrantes que atravesaban el país en su intento por llegar a Estados Unidos, situación que hace necesaria más que nunca la aplicación de nuevos mecanismos forenses para lograr una respuesta más satisfactoria en cuanto al acceso a la verdad y la justicia de los varios miles de familiares de indocumentados mexicanos y centroamericanos desaparecidos en México en su camino hacia Estados Unidos, sostuvo.

Por su parte, la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo, calificó la situación de tragedia humanitaria. En cualquier país democrático habría un antes y un después, sostuvo.

Migrantes se internan en el desierto de Arizona, en la región del Sásabe, Sonora, en su intento por mejorar sus condiciones de vidaFoto Marco Peláez

Según denunció, tras la falta de diligencia en la identificación de desaparecidos en México se esconde un asunto de discriminación. México no investiga la desaparición de los más pobres y los excluidos, no los busca vivos, sino que espera a que aparezcan sus restos, lamentó.

Para estas organizaciones, la situación mejoraría con la aplicación de cuatro propuestas.

Por una parte, solicitaron la formación inmediata de una comisión multidisciplinaria de expertos forenses internacionales que –dijo Doretti– colabore con los funcionarios mexicancos en la identificación de los restos recuperados en agosto de 2010 y abril de 2011 en San Fernando.

Además, consideraron fundamental su preservación, así como la de aquellos que aún no han sido trasladados; exigen que no sean cremados ni enviados a una fosa común.

En tercer lugar, las ONG pidieron la creación de un mecanismo nacional que facilite el intercambio de información sobre restos no identificados y sobre mexicanos y centroamericanos desapa- recidas en el país, para lo cual señalaron que en naciones como Honduras y El Salvador ya existen bancos forenses con centenares de datos de migrantes y sus familiares, que aportarían valiosa información a un sistema similar en México.

Finalmente, reclamaron el acompañamiento de la CIDH y del Alto Comisionado de la ONU para el buen desempeño tanto de la comisión como del sistema nacional y regional de datos forenses.

Por su parte, autoridades mexicanas afirmaron estar dispuestas a estudiar algunas de las peticiones, pero dijeron que México primero tiene que finalizar sus propios sistemas de datos forenses. Asimismo, subrayaron el compromiso del gobierno de Felipe Calderón con un tema complicado. El Estado mexicano reconoce la compleja situación que se está viviendo en materia de las personas no localizadas, afirmó el subsecreario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Max Diener Sala.

Tanto la CIDH como las ONG subrayaron la urgencia de que el gobierno cumpla con su obligación legal y moral de dar una respuesta a las familias" que están en vilo en toda la región.