sta ley está ahí, en la Cámara de Diputados, esperando a ver a qué horas se les ocurre a los señores diputados aprobarla, reclamó enérgico el presidente Felipe Calderón al Poder Legislativo el pasado 14 de marzo, con motivo de la reforma laboral. No tuvo reparo en lanzarse abiertamente contra la norma vigente: “la ley laboral que tenemos no permite que podamos contratar gente, a jóvenes que puedan trabajar por horas, como mujeres que puedan trabajar por horas… la ley laboral lo que hace es expulsarlos del mercado de trabajo…”

El reclamo presidencial carece de fundamento en los términos que está planteado. La Ley Federal del Trabajo permite expresamente la contratación por horas o por jornada reducida; así opera en algunos sectores, no son muchos por la simple razón de que el salario es tan bajo en nuestro país que el costo por hora resulta insignificante. Dos artículos de la actual Ley Federal del Trabajo así lo acreditan. El 59 señala: El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder de los máximos legales. El artículo 83 es explícito: El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, o de cualquier otra manera. ¿Por qué entonces el reclamo del pago por horas? La respuesta se encuentra en una vieja propuesta de reforma impulsada por la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) que, como en muchos otros temas, el Partido Acción Nacional ha hecho suya: poder contratar por horas pero sin el pago de prestaciones, como aguinaldo, vacaciones o prima vacacional, y también sin estabilidad laboral. En otras palabras, poder despedir al trabajador cuando al patrón le dé la gana.

Esta estrategia de expresar verdades a medias se repite incesantemente para convencer a la población de que la propuesta de reforma laboral panista está orientada a crear empleos y mejorar la competitividad, cuando la verdadera intención es mermar aún más el costo de la mano de obra (salario y despido) y suprimir de paso la estabilidad en el empleo. No se confiesa abiertamente, porque sería muy impopular. Imagínese usted a Josefina Vázquez Mota en un arranque de sinceridad señalar: propongo que haya más facilidades para despedir a la gente de su trabajo y que este despido salga más barato.

Por esta contradicción entre el discurso sustentado en generalidades y el lesivo fondo de las propuestas, los legisladores panistas han rehuido un debate sobre el tema. No explican de manera específica el porqué proponen una subcontratación (outsourcing) sin límites. Saben que esta resultaría depredadora si no se acota debidamente, si no se exige una justificación que agregue al proceso productivo un insumo, si no se registra, vigila y sanciona en su abuso. Los panistas también soslayan su propuesta de que los trabajadores carguen la tardanza en los juicios laborales. Para ellos no importa que sigan durando cuatro años promedio, lo importante es que a los empleados únicamente se les pague hasta seis meses de salarios caídos, los restantes tres años y medio que se amuelen. No quieren discusión alguna sobre el tema de los derechos colectivos, siguen la lógica patronal más conservadora, que propone consolidar mecanismos de control impidiendo una contratación colectiva auténtica, donde los trabajadores decidan qué sindicato debe ser titular de su contrato colectivo. En suma, su estrategia es tratar de convencer a la parte del PRI que se resiste a votar en favor del esquema de precariedad laboral, utilizando los buenos oficios del sector empresarial.

La jornada electoral es un espacio propicio para que se conozca en blanco y negro la opinión de los candidatos en estos temas. Mientras tanto, frente al reclamo presidencial surgen varias interrogantes que debería responder el propio gobierno: a ver a qué horas se discutirá sobre la política salarial en nuestro país que ha degradado la calidad de vida, incrementado el empleo informal, la pobreza y ahogado el mercado interno. A ver a qué horas se justifica a la población la vigencia de un salario mínimo absurdamente insuficiente y totalmente contrario al mandato constitucional.

A ver a qué horas se accede a un debate sobre el modelo económico que ha demostrado su incapacidad para generar en México empleos estables y bien remunerados, explicar la resistencia a promover una política de fomento en esta materia, en lugar de confiar en que con mayor precariedad el mercado de trabajo actuará por sí solo.

A ver a qué horas se propone un sistema de justicia laboral distinto, que permita resolver los juicios laborales en un máximo de seis meses, en lugar de la absurda lentitud vigente que lesiona a trabajadores y empresarios, especialmente pequeños y medianos. Cada día crecen más los alteros de expedientes, la angustia y desesperación de quienes acuden a estos tribunales sin obtener respuesta o solución alguna. Debe aclararse frente a la sociedad el motivo de esta denegación de justicia. Se sabe bien que el carácter tripartito de las juntas de Conciliación y Arbitraje carece de justificación, genera gastos innecesarios, mayor lentitud, ausencia de imparcialidad y en muchas ocasiones de capacidad profesional. En todo el mundo existen jueces, no juntas.

A ver a qué horas se hace respetar el derecho de gozar del reparto de utilidades, el cual se encuentra prácticamente en extinción gracias a la simulación consentida e incluso promovida por las autoridades por medio de las llamadas empresas de servicios.

A ver a qué horas se atiende la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con motivo de la queja 2694, apoyada por las organizaciones sindicales más importantes del mundo contra el modelo laboral mexicano, por carecer de juzgados imparciales y promover una contratación colectiva falsa, sometida a la decisión unilateral de los empresarios. A ver a qué horas se le dice la verdad a la OIT.

A ver a qué horas se deja de hacer causa común con los líderes sindicales corruptos, a los que se protege como si fueran un mal necesario. A ver a qué horas se suspende la guerra contra el sindicato minero y se deja de poner la fuerza del Estado al servicio del Grupo Minera México.

A ver a qué horas.