Berlín, 23 de marzo. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dijo este viernes que Grecia debe renunciar al bienestar social para poder salir de la crisis. Sí, exacto y esa renuncia es la que están llevando a cabo con la reducción de salarios en todos los ámbitos, aseguró el italiano Draghi en una entrevista para el diario alemán Bild.

El italiano se mostró en contra de que en la Unión Europea (UE) paguen uno o dos países, el resto lo gaste y todo se financie con eurobonos conjuntos.

Draghi defendió de nuevo el pacto de disciplina fiscal aprobado por 25 países de la UE y consideró que es demasiado pronto para los eurobonos.

Sin la presión de los mercados y de los alemanes no habríamos hecho muchos de los avances en los diferentes países de la UE, agregó.

Draghi alabó las reformas emprendidas por Grecia, sobre todo la fiscal, al señalar que permitirá un mejor cobro de impuestos para repartir las cargas de forma más equitativa. Es un buen estímulo para trabajar más y eso acelerará la economía, señaló.

En Atenas el ministerio de Finanzas informó que Grecia acordó este viernes un nuevo plazo, hasta el 4 de abril, a los acreedores privados que no han aceptado el canje de deuda, para que participen en el plan de reestructuración de una parte de sus bonos.

Grecia había dado inicialmente de plazo hasta este viernes a las 20:00 para esas obligaciones, que representan unos 8 mil millones de euros de los 206 mil millones afectados por la operación de reestructuración. El canje concreto de esta categoría de títulos se producirá el 11 de abril.

Grecia podrá contar con un nuevo préstamo de 185 mil millones de euros de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2015.

Del primer préstamo de 110 mil millones de euros, como parte del primer paquete de rescate aprobado en mayo de 2010 Grecia ha recibido 73 mil millones.

La operación de canje de deuda PSI (private sector involvement) pretende borrar otros 107 mil millones de deuda soberana griega en manos privadas y reducir el porcentaje total de 160 por ciento del producto interno bruto (PIB) actual a 120 por ciento en 2020.