Johnson Controls, en contubernio con el gobierno de Puebla y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esa entidad, despidió de manera ilegal, por la noche y en día festivo, a más de 430 trabajadores que desde el año pasado habían integrado el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y conformaron la sección 308, por lo que esta organización iniciará procesos de demanda individual y colectiva en contra de esta compañía.

El sindicato informó que la empresa está alegando inviabilidad financiera, a pesar de que obtuvo 15 por ciento más de utilidades en el último año; que se encontraba en revisión salarial; que dio el madruguete el pasado fin de semana e incluso arregló que funcionarios de la JLCA de Puebla laboraran en día festivo para consumar este despido masivo e ilegal, y que su primera violación fue desconocer el contrato colectivo de trabajo.

La empresa no tiene el derecho de cancelar unilateralmente el contrato y, en caso de que compruebe ante tribunales la legalidad de cierre de operaciones, el sindicato exigirá un convenio de terminación de relaciones laborales, en el cual se asegure la reinstalación preferente a los trabajadores ya afiliados, si hay reapertura de la misma. Esto es porque este sindicato presume que se trata de un truco financiero de la empresa para cerrar y luego reabrir con un contrato colectivo rasurado y un sindicato de protección patronal, señalaron en conferencia de prensa Sergio Beltrán Reyes, secretario del exterior e interior del sindicato; Genaro Arteaga, secretario de asuntos políticos; Javier Zúñiga, secretario del Trabajo, y el abogado del gremio Óscar Alzága.

Según indicaron, la compañía tiene plantas en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Ramos Arizpe; Monclova; Saltillo, Puebla, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas; el estado de México, y Tlaxcala. Obtuvo utilidades netas en diferentes periodos de 2011 por 10 mil 400 y 9 mil 500 millones de dólares (con incrementos de 9 por ciento), por lo que las razones de inviabilidad financiera alegadas, dijeron, son falsas.

El Sindicato Nacional de Mineros luchará en tribunales para echar abajo las pretensiones antisindicales de esta empresa, indicó Alzaga.

Lorraine Clewer, de la AFL-CIO, cuestionó que las trasnacionales violen los derechos laborales y pasen encima de las leyes, cuando en sus países de origen cumplen las regulaciones.

Blanca Velázquez, del Centro de Apoyo al Trabajador, indicó que es penosa la actuación del gobierno de Puebla y de la JLCA que avalaron esta maniobra nefasta de esta empresa multimillonaria que da salarios de hambre a los trabajadores.