Senadores de PRI y PRD advirtieron que se deben fincar responsabilidades penales al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el montaje televisivo que llevó a cabo en torno a la captura de la francesa Florence Cassez, y exigieron al presidente Felipe Calderón dejar de presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A su vez, diputados de PRI, PRD y PT acusaron al Ejecutivo federal de injerencista en los ámbitos de los poderes constituidos al influir en el fallo en torno a este tema y pretender modificar el contenido de la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional.

En el Senado, el priísta Jesús Murillo Karam recalcó que el Presidente está obligado a retomar su propio discurso de no dejar rendijas en la aplicación de la ley, y ya que la SCJN determinó que hubo simulación, toca al Ministerio Público Federal actuar.

La simulación es grave, porque no se trata de una falta administrativa, sino una falsificación de hechos en un proceso penal, y la Procuraduría General de la República (PGR), como representante social, es la que debe investigar.

La senadora María de los Ángeles Moreno consideró que al mantener en la impunidad a quienes realizaron el montaje mediático se deteriora aún más la imagen de México en el extranjero, y lamentó las presiones desde Los Pinos hacia los ministros.

Si Calderón abusó y presionó públicamente a la Corte para que se desechara la ponencia del ministro Arturo Zaldívar, qué mensajes no les habrán mandado en privado a los integrantes del máximo tribunal, comentó el senador Fernando Castro Trenti.

La procuradora social de Atención a Víctimas del Delito, Sara Irene Hererrías, afirmó en entrevista en el Senado que planteó ya a los secuestrados por la banda a la que pertenecía Cassez que se acerquen a esa dependencia, que puede brindarles apoyo sicológico e incluso legal.

En la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez, Humberto Benítez Treviño, Jaime Cárdenas, Alejandro Encinas y Sami David señalaron que en la línea discursiva de Calderón existe una participación directa y pública del Ejecutivo en temas electorales, con el consecuente beneficio de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota.

El coordinador del PRI en San Lázaro desestimó la demanda de Calderón al Congreso de que apruebe leyes en materia de seguridad, y en particular la Ley de Seguridad Nacional.

Benítez Treviño, ex procurador general de la República, dijo que el Presidente todavía no está consciente de que vivimos en un sistema de división de poderes. Está mal enterado, y es muy lamentable que el hombre que tiene la obligación de estar mejor enterado en este país no lo esté.

Para Jaime Cárdenas la participación del mandatario en el debate entre poderes tiene una intención notoria: fue evidente que presionó a la SCJN; su participación se evidenciará de forma abierta en el proceso electoral; va a seguir buscando las vías para seguir interviniendo, y ya sabemos que no va a seguir la ruta de Vicente Fox, pero sí actuará de otra forma para beneficiar a Josefina Vázquez Mota.

Por el contrario, el vicecoordinador del PAN, Alberto Pérez Cuevas, rechazó que exista cualquier injerencia de Calderón en el ámbito de los poderes Judicial y Legislativo.

El Presidente no tiene más que facultad para hacer lo que le corresponde y está en la Constitución y lo está haciendo; pero eso no le limita que pueda opinar en torno al actuar de los poderes Judicial y Legislativo, como lo hacen la Cámara de Diputados y el Senado cuando piensan que el Presidente no tiene la razón; como lo hace la Corte con las leyes en la mano cuando piensa que tampoco la tiene. Vivimos una división de poderes. Lo más sano para un Estado democrático es que haya esa crítica del Presidente a los otros poderes y viceversa, todo en el marco de la Constitución.