Al concluir que el juicio contra Florence Cassez fue irregular y hubo violaciones al debido proceso, pero al mismo tiempo no señalar culpables ni avanzar en el castigo a éstos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desperdiciaron una oportunidad única para enviar un mensaje contundente contra la impunidad, afirmaron activistas de organizaciones civiles.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, calificó de paradójico que cuatro de los cinco ministros hayan destacado que hubo violaciones a los derechos de los acusados, sin que haya consecuencias penales para nadie.

Eso nos hubiera permitido convertirnos en una sociedad y un sistema de justicia más avanzados, pero si no pasa nada, entonces volvemos a caer en una especie de simulación y se pierde la oportunidad de mandar un mensaje claro de que si se afectan los derechos humanos puede haber consecuencias fuertes, lamentó.

En sentido inverso, los policías y los agentes del Ministerio Público entienden que pueden seguir montando escenificaciones, mintiendo públicamente y torturando para obtener confesiones u obligar a un inocente a inculparse de delitos que no cometió, porque no habrá consecuencias para ellos, y lograrán obtener una sentencia condenatoria.

En un verdadero estado de derecho, subrayó, no se hubiera necesitado la intervención de la Suprema Corte en un asunto de este tipo, puesto que al detectar la existencia de un montaje, el caso se hubiera anulado.

Tras el fallo del miércoles, será muy difícil la reposición del proceso, tomando en cuenta que la Procuraduría General de la República no se va a investigar a sí misma, sobre todo previendo que en el futuro se podría demandar que se realicen pesquisas contra su actual titular, dijo.

Silvano Cantú, director de incidencia e investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que la resolución de la SCJN no necesariamente es deplorable, sino que incluso puede representar una nueva oportunidad para reponer un proceso viciado y politizado.

Puede haber espacio para cubrir la demanda de las víctimas de que haya una investigación eficaz y apegada a los estándares del debido proceso. Nuestra postura no es lamentar de tajo la decisión, porque sólo se reprograma la solución del caso, indicó.

Por otro lado, el activista se sumó a la petición del ministro Jorge Pardo Rebolledo de que los responsables del montaje televisivo sean castigados, aun si se trata de Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación.

Esta es una excelente oportunidad de dejar una política errada que consiste en la sobrexposición de supuestos delincuentes con fines meramente cosméticos, en la espectacularización de la justicia penal y la fabricación de culpables, aseveró.